La fiscalía, contra Vila y Puig

El ministerio fiscal considera que hay indicios para acusar a los consellers de la Generalitat Santi Vila (dimitido ayer, más información en página 4) y Lluís Puig de desobediencia y también, en el caso del primero, de prevaricación, por no entregar las 44 obras de arte compradas a las monjas de Sigena y depositadas desde hace décadas en el Museu de Lleida. Así, en un informe del 10 de octubre y notificado ayer al demandante, el ayuntamiento de Villanueva de Sigena, la fiscalía entiende que debe declararse competente la Sala Segunda del Tribunal Supremo y seguirse la causa contra los dos denunciados. El alto tribunal pidió el mes pasado al ministerio fiscal un informe antes de admitir a trámite la denuncia presentada por el abogado del municipio oscense, Jorge Español. El informe, de 16 páginas, constata que hay indicios para acusar de desobediencia al exconseller de Cultura y a su actual titular por “haberse negado abiertamente al cumplimiento de las resoluciones judiciales que les obligaban a entregar a Sigena las 44 obras del Museu de Lleida”. La fiscalía también considera que se puede acusar de prevaricación al hasta ayer conseller de Empresa, Santi Vila, tras su resolución del pasado 18 de abril –entonces aún titular de Cultura– en la que alegaba que no se podía disgregar la colección de arte del Museu de Lleida, “lo que no podía hacerse sin la autorización del conseller de Cultura, que era precisamente él y que había sido requerido para ejecutar lo contrario de lo que disponía”.

El informe no aprecia delito de apropiación indebidaEl informe del ministerio fiscal aprecia por un lado los delitos de desobediencia para ambos consellers y de prevaricación también para Vila pero, por otra parte, considera que no ha lugar la denuncia por apropiación indebida contra este último también solicitada por el abogado de Villanueva de Sigena. Según la fiscalía, no existe este delito porque “la sentencia civil declaró la nulidad de las compraventas de los bienes (...) pero no se advierte que desde una posesión legítima se haya llegado a una propiedad antijurídica por haber incorporado esos bienes”.