El PP echa por tierra en un mes, con el 155, veinte años de lucha de las entidades de Lleida

El conflicto por el arte del Museu de Lleida que reclama Aragón se inició hace dos décadas a raíz de la segregación de parroquias del obispado de Lleida que pasaron a formar parte de la diócesis de Barbastro-Monzón en 1995. Las autoridades aragonesas reclamaron 112 obras procedentes de estas parroquias. La Generalitat siempre se negó a entregarlas alegando que están catalogadas como integrantes de una colección y la ley de Patrimonio catalana prohíbe disgregarla. Todos los consellers de Cultura de la Generalitat de las dos últimas décadas se han mantenido firmes en esa posición. Tanto las de la antigua CiU como los del gobierno tripartito y los dos de la última legistalura, Santi Vila y Lluís Puig.

En 2006 se estuvo a punto de llegar a un acuerdo político al coincidir gobiernos socialistas en Catalunya y en Madrid, pero al final se frustró. En la vía judicial, el Vaticano dejó claro desde el principio que apoyaba la tesis de Barbastro- Monzón y el obispado de Lleida recurrió, sin suerte, ante todas las instancias canónicas. Pero la Generalitat siempre ha dicho que la lucha eclesiástica no va con ella y que las obras forman parte de una colección catalogada que no se puede disgregar. Según el criterio unánime de todos los consellers de la Generalitat, esta protección de la legislación catalana impide cumpir cualquier resolución judicial que no la tenga en cuenta, y con este argumento han recurrido todas las decisiones en distintas instancias judiciales. En esta defensa del patrimonio, la Generalitat ha contado siempre con el apoyo del resto de instituciones que integran el Consorci del Museu (Diputación, Paeria, obispado y consell comarcal) y, sobre todo, de los numerosos integrantes de una docena de entidades civiles y culturales leridanas.

El mismo criterio aplicó la Generalitat en las obras procedentes del monasterio de Sigena. Este argumento, que ha sustentado una lucha de dos décadas de las entidades culturales de Lleida, se lo ha saltado el gobierno central en un mes de aplicación del artículo 155 aprovechando que ha asumido las competencias de la Generalitat. La diócesis de Barbastro pidió ayer que se les entreguen las obras igual que en el caso de Sigena.