Lleida da por demostrada la propiedad de 83 de las 111 obras de arte en litigio

Visto para sentencia el juicio por la propiedad de las 111 obras de arte del Museu de Lleida originarias de la Franja. Los abogados del obispado de Lleida y del Consorci del Museu han subrayado que la vía canónica está agotada y dan por demostrado que 83 de las piezas son de Lleida. Aragón no da validez a los 4.000 documentos aportados.

El juicio por la propiedad de las 111 obras de arte del Museu de Lleida originarias de la Franja quedó ayer visto para sentencia sin que ninguna de las partes enfrentadas se haya movido un ápice de sus posiciones. Así quedó de manifiesto después de más de cuatro horas de conclusiones en el juzgado número 1 de Barbastro. Los abogados del obispado de Lleida, Javier Gonzalo; y del Consorci del Museu, Jordi Vives, han podido aportar más de 4.000 pruebas de propiedad que nunca hasta ahora se habían examinado en un tribunal. Sin embargo, el abogado del obispado de Barbastro-Monzón, Joaquín Guerrero, y el del Gobierno de Aragón, Alberto Gimeno, consideraron que no son documentos legales e insistieron en los fallos del Vaticano para reivindicar el arte en litigio. De hecho, el abogado de Barbastro no ocultó su enfado por lo que, a su juicio, es un “cambio de opinión” del obispado de Lleida, que “siempre había dicho que los bienes eran de Barbastro y estaban en Lleida en depósito”, y justificó el hecho de no haber aportado puebas a que “no se discutía la procedencia”. Javier Gonzalo, abogado del obispado de Lleida, recordó que el artículo 24.2 de la Constitución garantiza “el legítimo derecho a la defensa. ¿O es que un obispo no ha de poder defenderse?”. Además, Gonzalo sostuvo que se habían aportado pruebas que no se conocían cuando se inició el litigio hace un cuarto de siglo y defendió que la causa civil “abre una nueva vía” porque “no puede regir el derecho canónico”. Esta documentación fue rebatida por el abogado del Gobierno de Aragón porque no considera que sean contratos de compraventa. De hecho, calificó de “limosnas” el dinero donado por Meseguer para favorecer “depósitos incentivados”. Llegó a decir que creía que había una cámara oculta en la sala de vistas cuando el abogado del obispo de Lleida dijo que reconocía la propiedad de 83 de las 111 obras en litigio y sostuvo que “un subordinado no puede vender a un superior”. Además, puso en duda que hubieran aparecido pruebas después de un siglo y añadió que “los contratos no existen y, de existir, serían nulos”.

Muy distinto lo vio el abogado del Consorci, Jordi Vives, quien alegó que el código civil “no exige ningún contrato de compraventa como tal” y basó su defensa en los nuevos documentos aportados a partir de las investigaciones de Carmen Berlabé. Vives expuso que hay una sentencia firme del TSJ de Catalunya que dejaría “en un callejón sin salida” una eventual sentencia contraria a los intereses de Lleida, porque pone condiciones a la salida de las obras del Museu que promovió la exconsellera Caterina Mieras. También recriminó la perversión de que los dictámenes religiosos invirtieran la carga de la prueba y obligaran a Lleida a demostrar que las obras eran suyas y afirmó que era “de primero de derecho” que “no es exigible que un contrato esté por escrito para que sea válido”.