El jurado declara culpable de asesinato al acusado de matar a la funcionaria en Lleida

El jurado, formado por cinco mujeres y cuatro hombres, declaró ayer por unanimidad culpable de asesinato a Jordi Lanuza, el acusado de matar a la funcionaria de Enseñanza Amaparo Soler Betés, de 61 años, en su vivienda de la calle Acadèmia de Lleida el 17 de febrero de 2017. En la lectura del veredicto en la Audiencia Provincial de Lleida, el portavoz del tribunal popular señaló que consideran que el instalador de fibra óptica es culpable “de dar muerte a la víctima cuando esta no podía defenderse” y solicita que, una vez condenado, no pueda acceder al indulto y que también se le suspenda la pena. Tras el veredicto, la Fiscalía modificó su acusación, ya que solicitaba une pena por homicidio a 15 años de prisión, y la elevó a 21 años por asesinato. La acusación particular, representada por la abogada Marta Duró, mantuvo su petición de 22 años y medio mientras que la defensa cambió su solicitud de absolución por la pena mínima por asesinato, que es de 15 años de cárcel. En cuanto a la responsabilidad civil, el Ministerio Público pidió una indemnización a la familia de la víctima de 52.000 euros, cantidad que la acusación particular elevó a 150.000 euros. Asimismo, ambas acusaciones solicitaron que, tras la condena de prisión, se le imponga al procesado cinco años de libertad vigilada. La familia también pide una orden de alejamiento.

Tras menos de 24 horas de deliberación, el jurado dictó un veredicto en el que declaró probados por unanimidad siete de los ocho puntos sobre los que se tenían que pronunciar. Basaron la culpabilidad del acusado en las imágenes de las cámaras de seguridad que lo grabaron entrando y saliendo del edificio, donde estuvo 34 minutos, justo en la franja horaria en la que los forenses establecieron la hora del crimen, además de que la víctima tenía sangre el perfil genético (ADN) del acusado en el bolsillo trasero del pantalón que llevaba cuando fue hallada muerta en su casa. El jurado ha tenido en cuenta la declaración de un vecino que se cruzó con Lanuza en la escalera y que oyó cómo se cerraba la puerta del piso de la víctima, por lo que la mujer esperaba al acusado. Un encuentro que también dan por probado por el testimonio de una compañera de trabajo de la funcionaria, que llamó la misma mañana del crimen a Lanuza para que le instalara el wi-fi en el ordenador que se acababa de comprar. La puerta de la vivienda no estaba forzada y tenía las llaves puestas por dentro, destacaron en la lectura del veredicto. Asimismo, el jurado señaló las diversas contradicciones del acusado durante el juicio, al señalar que, al no abrirle la víctima la puerta, se quedó en el rellano, mientras que en su declaración ante los Mossos dijo que se había ido.

En 2005, Lanuza ya fue condenado a cinco años y tres meses de cárcel por atar y agredir a su expareja

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Las acusaciones mantuvieron durante los siete días que duró el juicio por el crimen de Acadèmia que el móvil fue económico, ya que la intención de Lanuza era robar a la funcionaria, que guardaba grandes cantidades de efectivo en casa. Los Mossos d’Esquadra constataron que la víctima tenía una buena posición económica, que era desconfiada y que “no dejaba entrar a cualquiera en casa”. Pocos meses antes del crimen, había sacado una cantidad importante de dinero del banco, ya que, según sus amigas y compañeras de trabajo, quería hacer “un cambio” y comprarse un portátil y una televisión. En cuanto al acusado, los investigadores determinaron que pasaba por dificultades económicas, aunque la misma semana del crimen pagó 5.600 euros en metálico de la reforma de la cocina de su casa. Los agentes también señalaron que la misma tarde del asesinato, Lanuza escribió un mensaje a su mujer asegurándole que el banco le había concedido un préstamo de 10.000 euros, aunque la entidad no tenía constancia de ninguna petición de crédito. Amparo Soler Betés murió tras recibir cuatro puñaladas en el cuello, sin apenas poder ofrecer resistencia, como así lo aprecia el jurado. Lanuza ya fue condenado por la Audiencia en 2005 a cinco años y tres meses de prisión por atar a su exmujer y agredirla durante nueve horas. Secuestró a la víctima cuando quiso poner fin a la relación solo tres meses después de la boda.