Sigena pide prisión, inhabilitación y multa para Santi Vila por el arte

El abogado del ayuntamiento de Villanueva de Sigena, Jorge Español, informó ayer que presentó en el juzgado de instrucción número 3 de Huesca un escrito de acusación penal contra los exconsellers de Cultura Santi Vila y Lluís Puig, en el que reclama, entre otras penas, 11 meses de prisión para el primero por “usurpación de atribuciones judiciales” en el litigio por las 44 obras de arte del Museu de Lleida. Cabe recordar que la próxima semana se cumplirán dos años del traslado de estas piezas al monasterio de Sigena, con el polémico operativo de la Guardia Civil en pleno museo y durante la aplicación del artículo 155 que ‘desactivó’ a la Generalitat. El exconseller Santi Vila ya declaró ante la jueza oscense el 24 de abril de 2018, mientras que Lluís Puig lo hizo el pasado 20 de julio por videoconferencia desde Bruselas. El pasado octubre, la fiscalía reclamó para los exconsellers multas e inhabilitación para cargos públicos, además de una indemnización para el gobierno de Aragón por los costes del traslado de las obras, que también les reclama ahora el ayuntamiento. Para Santi Vila, Sigena pide 11 meses de prisión; multa de 7 meses a razón de 300 euros diarios (total 63.000 euros) y suspensión para empleo o cargo público (nacional y europeo) por un período de 2 años y 9 meses por un presunto delito de usurpación de atribuciones judiciales por dictar el 18 de abril de 2017 una resolución administrativa para ‘blindar’ el arte del Museu de Lleida. También solicita para Vila una pena de 11 meses de multa a razón de 300 euros diarios (total 99.000 euros) e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un período de 2 años por el presunto delito de desobediencia que, para el letrado oscense, fue “intensa y agravada, pues, no fue solo pasiva, dejando de atender y cumplir los mandatos judiciales, sino que también fue preponderantemente activa, intentando obstaculizar y poner trabas al cumplimiento de la sentencia”. Para el exconseller Lluís Puig, Sigena reclama una pena de 11 meses de multa a razón de 200 euros diarios (total 66.000 euros) e inhabilitación especial para empleo o cargo público (nacional y europeo) por un período de 2 años por un presunto delito de desobediencia.