Sigena, dos años y cinco juicios

El próximo miércoles, 11 de diciembre, se cumplirán dos años de la noche más larga y más negra del Museu de Lleida. Un gran operativo policial, comandado por la Guardia Civil y bajo la ‘sombra’ de la aplicación del artículo 155 en Catalunya, trasladó al monasterio de Sigena 44 obras de arte, que se conservaban en el museo desde hacía más de tres décadas. La entrada policial en plena noche en el equipamiento museístico fue autorizada por un juez para ejecutar de forma provisional la sentencia de abril de 2015 que declaró ilegal la compra-venta por parte de la Generalitat de más de noventa obras de arte y bienes religiosos: 44 en el Museu de Lleida y el resto en el MNAC, que las entregó en verano de 2016. Aunque todo el conjunto ya se exhibe en el monasterio oscense, la sentencia judicial no es firme, pues las partes llevan casi dos años esperando el pronunciamiento al respecto del Tribunal Supremo después del recurso de casación presentado en enero de 2018 por la Generalitat y el Museu.

Pero con el monasterio de Sigena de fondo, además de este litigio ‘principal’ –y sin contar con el juicio emprendido por el obispado de Barbastro por ‘sus’ 111 obras en el Diocesà (ver desglose)–, hay también otros cuatro citas judiciales ‘colaterales’ que siguen pendientes de resolución y enredando la madeja.

El segundo es el litigio por las pinturas murales arrancadas del monasterio en 1936 y trasladadas a Barcelona, donde se conservan y exhiben en el MNAC. La sentencia ordenando su retorno a Sigena, de julio de 2016, sigue esperando la resolución del recurso ante la Audiencia de Huesca. En este caso, al menos la juez decidió no ejecutar el fallo de forma provisional atendiendo a la fragilidad de los restos murales. También acabará dirimiéndose en los juzgados oscenses una demanda presentada en principio en Barcelona por la Generalitat en el litigio por estas pinturas murales, esgrimiendo un contrato de 1992 con la priora de Valldoreix, como ‘representante’ de las monjas sanjuanistas de Sigena.

También cabe recordar la reclamación económica de 358.000 euros del Museu a las monjas por los gastos de conservación de las obras que ahora ya están en Sigena, además del proceso penal contra los exconsellers Santi Vila y Lluís Puig, a los que se les solicita multas e inhabilitación, e incluso 11 meses de prisión para el primero.