“El traslado del arte de Sigena fue como un escarnio público”

El director del Museu de Lleida, Josep Giralt, aseguró ayer en el Parlament de Catalunya que el traslado de las 44 obras de arte del Museu de Lleida al monasterio de Sigena en diciembre de 2017 con el apoyo de la Guardia Civil fue una muestra de “escarnio público para obtener unos bienes que fueron tratados como un botín y extraídos en una operación policial, porque algunos pensaban que podían ser objeto de atentado para no llegar a Aragón”. Giralt, que compareció en la comisión de investigación de la aplicación del artículo 155 en Catalunya, afirmó que la operación fue un “absoluto despropósito” para aplicar una ejecución provisional de una sentencia de primera instancia, ya que “esperamos que algún día se resuelva en el Tribunal Supremo”. En este sentido, Giralt aseguró que “si nos acaban dando la razón acompañaré a la comitiva hasta Sigena para recuperar unas piezas que retornarán en muy mal estado, dado las nulas condiciones museísticas en que se encuentran ahora en el monasterio oscense”. El director del Museu lamentó la “indefensión procesal” y la “no neutralidad judicial” en la que se vieron inmersos, en el marco de una actuación en la que “nadie pensó en el patrimonio, la idea era arrebatar el arte para demostrar que el Estado puede llegar muy lejos si se lo propone”. Así, también recordó que alertó al ministro Íñigo Méndez de Vigo, titular de la conselleria de Cultura por el 155, de que “la actuación en Lleida era clarament anticonstitucional, pero no tuve ninguna respuesta”.

Representantes de los grupos JxCat, ERC, CUP y EnComú Podem criticaron el traslado del arte, que “dio la foto más feroz de la aplicación del 155”. ERC también lamentó que “el alcalde Ros abandonó a los ciudadanos aquel día”. Por otro lado, el abogado de Villanueva de Sigena ‘respondió’ a Giralt diciendo que “el único botín fue el expolio del monasterio en 1936”.

“Barbastro también quiso aprovechar esta indefensión” Josep Giralt también explicó en la comisión de investigación en el Parlament que el otro caso judicial que pesa sobre el Museu de Lleida, la demanda del obispado de Barbastro de 111 obras originarias de parroquias de la Franja, también está vinculada de algún modo con el artículo 155. “La demanda nos llegó el 27 de febrero de 2018 haciendo referencia a que Catalunya seguía intervenida por el 155, pensando así que el Museu tampoco tendría defensa jurídica”, recordó Giralt. Sin embargo, los estatutos del consorcio del Museu permiten convocar un pleno por parte de las administraciones que lo integran, aunque no lo haga su presidente (cargo entonces también en manos del ministerio de Cultura). “Pudimos convocar la sesión el 2 de mayo, siete días antes de acabar el plazo, y aprobar así la defensa de los derechos del consorcio del Museu en esta demanda”, afirmó Giralt.