JUSTICIA LITIGIO DEL ARTE
La causa contra Lluís Puig por Sigena, ahora al TSJC
El Supremo acuerda que se vea en Catalunya, donde se produjo la desobediencia || En contra de la opinión del juzgado de Huesca
La Sala II del Tribunal Supremo acordó, en un auto del pasado 20 de diciembre conocido ayer, que el tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) asuma la causa contra el exconseller de Cultura Lluís Puig por un supuesto delito de desobediencia en el litigio con Aragón por las obras de arte del monasterio de Sigena conservadas en el Museu de Lleida y el MNAC de Barcelona. Los magistrados rebatieron así el criterio de la Fiscalía y del Juzgado Penal núm. 1 de Huesca, que entendían que, en la medida en que Puig fue elegido diputado en el Parlament en las elecciones de febrero de 2021, la causa tenía que pasar al Supremo.
En su interlocutoria, los magistrados del Supremo justifican la decisión de dejar el caso en manos del TSJC argumentando que el delito de desobediencia se produjo en Catalunya y, por tanto, la competencia es del tribunal superior catalán. Por este motivo, el Supremo declara, en primer lugar, que la competencia para enjuiciar a Lluís Puig es del TJSC. En segundo lugar, ordena al juzgado oscense que remita todo el proceso al alto tribunal catalán y, en tercero, establece que una vez llegue toda la documentación, el TSJC deberá determinar si asume también la causa contra el exconseller Santi Vila, o si les juzga por separado.
Cabe recordar que ambos están acusados de desobediencia por no haber atendido la orden del juzgado de Primera Instància núm. 1 de Huesca de trasladar las obras de Sigena al monasterio que, en el caso del Museu de Lleida, acabó produciéndose en diciembre de 2017, con la entrada de la Guardia Civil de madrugada en la pinacoteca y en plena intervención de la Generalitat por el artículo 155 de la Constitución. La causa se abrió el 5 de diciembre de 2019 en Huesca y el juicio debería haberse celebrado el 4 de mayo del año pasado, pero se suspendió tras convertirse Puig en diputado y, por tanto, aforado.
Esta situación jurídica provocó que el juzgado oscense y la Fiscalía pidieran al Supremo que este asumiera la causa.