Sánchez se compromete a trabajar para que la responsabilidad civil de los abusos a menores no prescriba
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha anunciado que, en la próxima legislatura, van a "reforzar" el marco jurídico para que la responsabilidad civil por los abusos sexuales a menores "no prescriban", y van a "instar" a la Iglesia católica española a "reconocer y reparar" a todas las víctimas de abusos en su seno.
"Vamos a reforzar el marco jurídico para que los delitos de agresión y abusos sexuales a menores no estén limitados a un momento concreto y la responsabilidad civil no prescriba", ha anunciado Sánchez, este miércoles, durante su discurso inicial en el debate de investidura, celebrado en el Congreso de los Diputados.
Según ha precisado el presidente del Ejecutivo en funciones, el informe presentado el pasado 27 de octubre por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos "revela la magnitud y la gravedad de este problema" e "interpela a todas las instituciones públicas, singularmente a las Cortes Generales y al Gobierno de España".
Por ello, se ha comprometido a actuar, en la próxima legislatura, "contra los abusos sexuales de menores, también aquellos que se cometieron en el seno de la Iglesia".
En concreto, siguiendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo, ha anunciado que van a crear "un Fondo Estatal para el pago de ayudas y compensaciones a las víctimas que se ajuste a los estándares europeos".
Asimismo, ha señalado que van a "instar a la Iglesia Católica a que se comprometa a reconocer y a reparar a todas las personas que desgraciadamente sufrieron abusos sexuales por parte del clero, incluyendo a las víctimas de casos históricos y también prescritos".
Además, ha asegurado que, sobre todo, van a "adoptar las medidas necesarias para garantizar que esta aberración no se vuelva a repetir". Por ello, ha anunciado que van a "reforzar" tanto los mecanismos de acompañamiento y de supervisión de la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, "dotándoles de más personal y también de más recursos", como la labor de inspección en los centros educativos para asegurar que cumplen con los protocolos establecidos y que sus profesionales reciban la formación adecuada sobre abusos sexuales.
Al mismo tiempo, ha indicado que van a establecer por ley "que esos mismos protocolos de prevención y formación se cumplan en todas las instituciones religiosas".