La OCU denuncia a siete grandes festivales de música por malas prácticas, entre ellos el Monegros Desert Festival

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante las autoridades de consumo de las correspondientes comunidades autónomas las supuestas malas prácticas observadas en los festivales de música al aire libre FIB, en Benicasim (Castellón); Monegros Desert Festival en Fraga (Huesca); Puro Latino en sus cinco localizaciones; Sonórica en Castro Urdiales (Cantabria) y Zevra Festival en Cullera (Valencia).

Estas denuncias se suman a las ya presentadas por la organización contra otros dos festivales: el Bilbao BBK Live y el Fortaleza Sound en Lorca (Murcia). En su conjunto, los abusos detectados podrían afectar a hasta 947.000 asistentes.

Concretamente, la OCU alerta de que los siete festivales coinciden en cobrar una comisión de entre 2 y 3 euros para poder recuperar el saldo que quedara en la tarjeta 'cashless', un medio de pago obligatorio que "limita" el derecho de los asistentes a usar el efectivo, según han informado en un comunicado. Además, aseguran que en ocasiones los festivales imponen un plazo de unos pocos días para reclamar la devolución –cinco días en el caso del FIB–, superado el cual se pierde el dinero, lo que supone un "enriquecimiento injusto" del promotor.

Otra de las malas prácticas señaladas se trata del cobro de otra tasa por salir y volver a entrar al festival –que puede alcanzar los 25 euros–, lo que afean que puede considerar "una retención ilegal". Además, los festivales también incurren en la prohibición de entrar con alimentos y bebidas, que OCU considera que es "abusiva". También consideran que es abusivo el cobro por los vasos reutilizables, sin posibilidad de reembolso, como sucede en el FIB –donde el vaso alcanza los 2,5 euros–, o el alquiler de vasos para poder beber agua potable, observado en el Fortaleza Sound. En este sentido, OCU recuerda que debe haber suficientes puntos de agua potable gratuita; lo contrario puede causar problemas de hidratación y supone un peligroso riesgo de aglomeraciones.

Por ello, OCU ha animado a los afectados a solicitar hojas de reclamaciones y urge a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas donde se han detectado estos abusos para que determinen el carácter contrario a la normativa de protección de los consumidores, impongan las sanciones establecidas y obliguen a la empresa a devolver los cargos indebidamente cobrados. Aún así, remarca que "lo ideal" sería que el Ministerio de Consumo desarrollara una normativa homogénea sobre los derechos de los asistentes a este tipo de eventos, estableciendo a su vez compensaciones automáticas en caso de malas prácticas. Salvo en el caso de Asturias, agravan que la legislación autonómica es "permisiva y generalmente favorable a los intereses de los promotores".