Varios cargos de Cultura aseguran que Puig quería cumplir la orden de devolver las obras a Sixena pero no dependía de él

Varios cargos del Departamento de Cultura de la Generalitat en el 2017 han asegurado este jueves que el entonces conseller, Lluís Puig, quería cumplir la orden judicial de trasladar las obras de Sixena al monasterio aragonés pero quiso estudiar con profundidad la “complejidad” de la situación jurídica de los bienes que estaban en el Museu de Lleida. Su jefe de gabinete, la jefa de los servicios jurídicos, el director general de Patrimonio Cultural y el jefe de coordinación museística de la Generalitat han relatado cómo Puig recibió el requerimiento nada más ser nombrado conseller y se interesó por los pasos a seguir para cumplirlo, pero no dependía de él sólo porque el museo era un consorcio. Hasta su cese no recibió ningún otro requerimiento.

Josep Maria Boya Busquet, exdirector general de Patrimonio Cultural de la Generalitat, ha declarado que el conseller recibió la citació judicial para devolver a Sixena las obras del Museu de Lleida dos días después de ser nombrado. Boya Busquet ha explicado que Puig le comentó que "quería estudiar con todo el cuidado y detalle el dosier perquè era de una gran complejidad y para intentar conciliar las dos legislaciones" y, en ningún caso, ha dicho, le manifestó una voluntad de desobedecer.

El exdirector general de Patrimonio Cultural ha opinado que "tanto Villa como Monte querían hacer las cosas conforme a derecho, de acuerdo con lo que establecía la legislación catalana y había un proceso legislativo abierto que no se había agotado". Busquet ha subrayado que aquellos eran unos bienes catalogados y que la Ley de Patrimonio Cultural era "muy clara sobre la unidad de la colección".

Respondiendo a las preguntas del abogado de la acusación particular, Busquet ha justificado que por este motivo no se hizo ningún preparativo para trasladar las piezas. También ha explicado que el 11 de diciembre del 2017 acudió al Museu de Lleida a título personal, donde presenció "una situación vergonzosa de un asedio militar en un museo". "Fui para apoyar a los compañeros del Museu de Lleida, que vivían una violencia extrema e injustificada", ha denunciado.

Joan Rosàs, jefe de coordinación museística de la Generalitat, ha explicado que el día que llegó el requerimiento judicial, Puig lo citó y hablaron durante una media hora. Aparte de las dificultades técnicas del traslado, el principal escollo era el jurídico, por la ley de patrimonio cultural y por la ubicación de las obras. Rosàs le explicó la complejidad de la situación, ya que se tenía que cumplir la ley de patrimonio cultural, porque las 44 obras estaban protegidas como conjunto artístico, y las piezas no estaban en posesión de la Generalitat sino de un consorcio museístico. “El conseller quería saber como cumplir el orden y le dije que no era fácil”, ha relatado. “Él me preguntaba qué tenía que hacer para devolver las piezas, no para no devolverlas; me pregunta qué se tenía que hacer para cumplir el requerimiento”, ha explicado.

Por último, el jefe de gabinete de Puig al frente de la Conselleria, Joaquim Bohils, ha explicado que al recibir el requerimiento del juzgado oscense, Puig pidió a los servicios jurídicos del departamento que la cuestión se arreglara y le fueran informando.

"La Generalitat no tenía las piezas"

Xavier Muñoz Puiggròs, abogado de la Generalitat que ha llevado todos los pleitos civiles de Sixena, ha argumentado que este era un conflicto patrimonial en el cual argumentaron de forma reiterada ante los tribunales aragoneses que la Generalitat no tenía las piezas y que quien las tenía era el Museu de Lleida, una "entidad con personalidad jurídica pròpia". Además, ha recordado que conformaban un patrimonio y una colección "que no se puede disgregar de forma automática".

"Como no estaban en manos de la Generalitat, no se le podía pedir que entregase una cosa que no tenía", ha defendido. El letrado ha destacado que puso en conocimiento del juzgado una resolución de la Audieencia oscense que reconocía que el Museu era quién tenía los beienes, pero que la jueza de primera instancia lo desestimó.

A preguntas de la defensa, Muñoz ha afirmado que nunca ha recibido instrucciones políticas y que no conocía al conseller Puig. Després del cese del conseller por el 155, ha explicado que informó al ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, la situación del caso de Sixena y que este le pidió tiempo para analizarlo.

Pilar Bayarri, responsable de los servicios jurídicos de Cultura, ha explicado que cuando recibieron el requerimiento del juzgado oscense el 7 de julio para entregar las obras antes del 25 de julio ella misma redactó un escrito entregado a la funcionaria donde Puig decía que acababa de asumir el cargo y que quería estudiar el tema. En todo momento, según ella, Puig dijo que quería cumplir la resolución judicial, y así lo expuso en el escrito al juzgado. De hecho, añadía que la cuestión era “compleja” y el expediente “voluminoso” y, por lo tanto le hacía falta tiempo para estudiar el asunto y “buscar la mejor forma de dar cumplimiento” a la orden judicial.

En todo caso, ella misma le dijo al conseller que no era posible cumplir inmediatamente la orden porque las obras no estaban en posesión de la Generalitat, aunque las había comprado, ya que estaban en el Museu de Lleida, que dependía de un consorcio formado por otras administraciones. Aunque Puig era el presidente del Consorcio no podía tomar la decisión unilateralmente. De hecho, el Consorcio había pedido hacía semanas a la magistrada oscense que lo dejara personarse en la causa, cosa que la magistrada denegó. La Audiencia oscense dio la razón al Consorcio, pero la magistrada tampoco hizo caso a la Audiencia.

“Era un tema que le preocupaba mucho, yo lo iba poniendo al día, y él sabía que podía incurrir en desobediencia, pero manifestó la voluntad expresa de querer cumplir el requerimiento, desde el primer momento, pero se encontró con el inconveniente de que las piezas estaban en posesión de uno tercero”, ha argumentado.

Este recurso pendiente de resolución es el que se Bayarri comunicó a Puig, pero la Generalitat nunca recibió respuesta tampoco de las alegaciones del conseller.

La jurista de la Generalitat ha negado que el Consejo Ejecutivo denegara semanas antes el cumplimiento de la resolución si no había sentencia sujeta.

Por su parte, el gestor cultural Xavier Quinquillà, ha declarado como portavoz de la Plataforma de Entidades Culturales de Lleida, una entidad que defendía la unidad de las colecciones depositadas en el Museo de Lleida y al MNAC. Quinquillà ha explicado que nunca se reunió ni habló con el conseller Monte sobre las obras, però que sí que lo había hecho con el conseller Vila. El testigo ha añadido que llevaron a cabo acciones ciudadanas pacíficas, peroo que no recuerda que Puig asistiera.

“Contratación directa en dos días”

Por el contrario, Icíar Alcalá, la técnica del gobierno de Aragón designada por el juzgado como périto responsable de la recepción de la entrega de los bienes de Sixena, ha opinado que la complejidad de efectuar el traslado de las piezas "era escasa" y que solo "hace falta disponer de gente y de los medios de transporte". En este sentido, ha añadido que, en función del importe, se podía hacer una contractación directa "en dos días" o una licitación abierta.

También ha declarado a instancias de la acusación particular el responsable de la unidad orgánica de la policía judicial de la Guardia Civil oscense, que ha explicado que se limitó a recoger la notificación judicial del juzgado oscense instándolos a desarrollar la operación de traslado de las piezas del Museu de Lleida. El capitán ha explicado que cuando se desplazaron a Lleida se reunieron previamente con los responsables del equipamiento. Después, ha dicho que identificaron las piezas que se tenían que llevar a Sixena, las embalaron y las precintaron.