El fiscal mantiene que Puig no quería entregar las obras a Sijena y que sin el 155 "probablemente" seguirían en Lleida

El fiscal mantiene que el exconseller de Cultura, Lluís Puig, no tenía "voluntad" de entregar a Sijena las piezas depositadas en el Museu de Lleida, tal como le había exigido el juzgado oscense poco después de tomar posesión, en julio del 2017. En el turno de conclusiones durante la vista oral en el TSJC, el fiscal ha mantenido este jueves la petición de condena para Puig de dos años de inhabilitación y 6.000 euros de multa por un delito de desobediencia grave. El fiscal ha afirmado que "probablemente" las obras seguirían en Lleida si no se hubiera aplicado el 155. A su vez, el abogado de Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, ha asegurado que Puig mostró claramente una "voluntad" de cumplir la resolución, pero pidió tiempo para estudiar un tema "complejo".

En las conclusiones, el fiscal se ha referido a la aplicación del artículo 155 y ha opinado que si el ministro de Cultura no hubiera dado la orden de trasladar las piezas, "probablemente seguirían sin entregarse a Sijena". "Se nos ha dicho que la decisión del conseller era cumplir, pero no ha cumplido, como también se nos dijo que tenía intención de comparecer y no ha acudido a declarar", ha añadido.

El fiscal ha insistido en que el juzgado de primera instancia oscense estableció que había que entregar las piezas antes del 25 de julio del 2017 y que Puig "de forma consciente y voluntaria, no sólo dejó transcurrir el plazo sin hacer nada, sino que persistió en el incumplimiento hasta octubre". El representante de la fiscalía ha defendido que los requerimientos judiciales se tienen que cumplir y que no se tienen que interpretar o dilatar" mediante recursos como ha hecho, según él, la Generalitat.

Según el fiscal, la Generalitat tenía la propiedad de las piezas y el cconseller de Cultura presidía el Consorcio del Museu de Lleida. Por eso, ha calificado de "subterfugios" los posicionamientos con que la administración argumentaba que no poseía las piezas. "Un grupo de guardias civiles con un camión y unos cuantos empleados lo llevaron a cabo en 24 horas. De complejidad cabe, falta de cumplir, toda", ha concluido.

El fiscal ha especificado que la pena de inhabilitación que solicita para Puig es para cualquier cargo público electo o ejecutivo de ámbito europeo, estatal, autonómico o local.

La acusación particular subraya que Puig es independentista

Por su parte, el abogado de la acusación particular del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, se ha quejado de que se haya tardado siete años en juzgar los hechos. El abogado ha afirmado que se está juzgando una persona "fugada a Bélgica, seguramente viviendo muy bien", y ha lanzado también que Puig "es independentista y seguro de que está orgulloso que la sentencia no se cumpliera".

Español ha opinado que Puig "no tenía el más mínimo interés en cumplir la resolución del juzgado oscense y quedaría mejor diciendo que es independentista y que eso no lo cumpliría". El abogado ha reclamado una sentencia condenatoria, pero con una pena de multa más elevada que la que pide la Fiscalía, que es de 18 euros diarios y él quiere que pueda llegar a los 200.

La defensa insiste en que Puig quería cumplir

A su vez, el abogado de Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, ha asegurado que Puig mostró claramente una "voluntad" de cumplir la resolución del juzgado oscense, pero pidió tiempo para estudiar un tema "complejo" y ordenó a sus subordinados que lo solucionaran.

"Era consciente de que podía desobedecer", ha dicho, pero también ha asegurado que no podía decidir el retorno unilateralmente porque no dependía sólo de él, sino del Consorcio del Museu Diocesà de Lleida. "Si lo hubiera hecho, no estaríamos aquí por desobediencia, sino por prevaricación", ha afirmado.

También ha asegurado que no se cumplen los requisitos jurisprudenciales del delito de desobediencia, como esta esté clara y reiterada.

Por último, ha pedido que, en caso de condena, se le aplique el atenuante de dilaciones indebidas, ya que el procedimiento empezó en el 2018, y que no se le haga pagar el coste del traslado, que lo tendría que asumir la Generalitat sólo si lo reclama el gobierno de Aragón y lo dictamine el juzgado civil oscense.

Hay que recordar que el TSJC ha decidido juzgar a Puig en ausencia porque, a causa de una modificación legal de Bélgica, no ha podido hacerlo a través de videoconferencia. El juicio estaba previsto que se alargara durante dos días, pero ha quedado visto para sentencia este mismo jueves.