Perjuicio de 45 millones

La investigación de la presunta corrupción en la Federación Española de Fútbol apunta a un posible perjuicio de al menos 45 millones de euros a las arcas federativas por los negocios de sus responsables, ahora detenidos, y la empresa Santa Mónica Sports, informaron a Efe fuentes de la investigación.

Esa es una de las patas de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) que, de momento, se ha saldado con la detención del presidente de la Federación, Angel María Villar; su hijo Gorka; el vicepresidente de la RFEF y presidente de la federación tinerfeña, Juan Padrón, y el secretario de esa federación territorial, Ramón Hernández Baussou.

Investigados presidentes territoriales, a los que se desviaba dinero federativo a cambio de sus votos

La investigación abarca desde 2009, pero aún no hay informes concretos del dinero que pudo sustraerse

Tanto Villar como su hijo Gorka se negaron a declarar ante la Guardia Civil, que ayer interrogó a los otros dos detenidos antes de que hoy pasen los cuatro ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Las sospechas sobre la gestión de los responsables federativos partieron de una auditoría del Consejo Superior de Deportes (CSD), organismo que finalmente presentó la querella contra la Federación en 2016.

Esa auditoría reveló que no se había cobrado una deuda de 24 millones de euros contraída por Santa Mónica Sports –empresa presidida por el fallecido Jesús Samper– por los derechos audiovisuales de los partidos de la selección. Pero, además, cuando la Federación decidió romper con Santa Mónica (en 2013), habría indemnizado a la empresa con más de 20 millones.

Esas irregularidades fueron el detonante de una investigación de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción que el martes se saldó con los cuatro arrestos citados, además de hacer registros a las federaciones de Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares, Las Palmas, Tenerife, Extremadura, Ceuta y Melilla, algunos de cuyos presidentes ya declararon ante la UCO aunque no han sido detenidos.

Se les permitía contratar con sociedades de su entorno o de su propiedad, con lo que obtenían un beneficio propio e incluso desviaban fondos de la Federación. La sospecha es que, a cambio, Villar se aseguró su apoyo en las sucesivas elecciones.

Son solo algunas de las presuntas prácticas corruptas que investigan la UCO y la Fiscalía, pues de los registros y de la documentación intervenida en la operación Soule han encontrado “mucho de lo que tirar”.

madrid

El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, continúa retenido en las dependencias de la Guardia Civil en Las Rozas (Madrid), donde los empleados federativos reanudaron ayer el trabajo tras los registros efectuados el martes en la sede central del organismo. Tras las casi 20 horas de registro quedaron precintados siete despachos, incluido el de Villar, de los principales directivos en las instalaciones de la RFEF de Las Rozas. Los trabajadores no pueden acceder a sus ordenadores, ya que la UCO está procediendo al volcado de información que, posteriormente, se pondrá a disposición del juez al frente de la investigación, Santiago Pedraz.

Villar permanece desde cerca de las cuatro de la madrugada de ayer en la casa cuartel de la Guardia Civil, donde fue trasladado más de doce horas después de estar en las oficinas de la RFEF junto a los miembros de la UCO (Unidad Central Operativa) que llevaron a cabo los registros.

El juez Santiago Pedraz, ante el que está previsto que comparezca hoy Villar, ordenó la intervención por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental y declaró secretas las diligencias.

Todavía no hay informes que concreten el dinero que han podido sustraer Villar y su hijo Gorka. A ellos y al vicepresidente económico de la Federación, Juan Padrón, otro de los detenidos el martes por la UCO, les están mirando los pasos desde el año 2009.