La Audiencia Nacional rechaza una vez más excarcelar a Sandro Rosell

La Audiencia Nacional ha vuelto a rechazar la excarcelación del expresidente del Barça Sandro Rosell y del abogado y político andorrano Joan Besolí, investigados por el blanqueo de 15 millones de euros de la venta de derechos audiovisuales de partidos de la selección brasileña de fútbol. A punto de cumplirse un año desde que ambos se encuentran en prisión preventiva, la sección tercera de la Sala de lo Penal ha desestimado una vez más el recurso en el que solicitaban su puesta en libertad y que ya fue rechazado por la juez que instruye el procedimiento, Carmen Lamela.

Lo ha hecho al entender que, como sostiene la Fiscalía, existe un riesgo de fuga "altamente probable" que "frustraría" una investigación que está "prácticamente terminada", sobre todo teniendo en cuenta que ambos acumulan grandes cantidades de dinero en el extranjero, lo que les llevarían a eludir la acción de la Justicia y a instalarse en otro país.

En el caso de Rosell, la Sala considera que "basta ver el informe del Ministerio Fiscal" para "no compartir el criterio de la defensa", que alegó dilaciones en el procedimiento, y rechazar así su libertad.

En su informe, la Fiscalía apuntó a Rosell como el "máximo responsable de una organización dedicada al blanqueo de capitales", en tanto que entre 2007 y 2011 efectuó "operaciones financieras tendentes a ocultar" la procedencia de casi 15 millones de euros procedentes de la Confederación Brasileña de Fútbol (CDF). Además, participó de los beneficios mediante la constitución de la empresa Üptrend, propiedad de una mercantil panameña, a través del cobro de 6,5 millones de euros. Según la Fiscalía, Rosell, junto al resto de investigados, dispone "con enorme facilidad de elevadísimas cantidades de dinero" que mueve "por todo el mundo" y además "carece de un especial arraigo en el territorio español".

Para el ministerio público, las actividades de Rosell en Asia, África, Senegal y Catar y la utilización de cuentas opacas ubicadas en territorios 'off shore', entre otras cuestiones, "acreditan un riesgo objetivo y cierto" que solo la prisión provisional puede evitar.

Con relación a Besolí, la Sala también comparte el criterio de la Fiscalía en torno al riesgo de fuga y cree que es "plenamente factible" y "razonablemente posible" que pueda huir fuera de España. Para oponerse a su libertad, la Fiscalía tuvo en cuenta la gravedad de la pena que se le podría imponer (entre 6 y 9 años) por participar en la constitución de empresas dedicadas al blanqueo y compartir, junto con Rosell, los beneficios de Uptrend, en cuya cuenta se recibieron "más de 8 millones de euros de comisiones ilícitas" que después se blanquearon.

Además, en su informe, la Fiscalía enumeró una serie de mercantiles de las que fue administrador y los movimientos de dinero, procedente de comisiones ilegales, que se detectaron en las mismas.