Piden la libertad de Rosell

La defensa de Sandro Rosell cuestionó ayer ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que esta instancia sea competente para enjuiciar al expresidente del FC Barcelona porque entiende que los hechos que se juzgan acontecieron fuera de España, (en Brasil y Andorra) y constituirían, en todo caso, conductas que no eran punibles en 2006 en ninguno de los países implicados. Afirma además que la investigación fue prospectiva y solicita la nulidad. Así lo afirmó el letrado Pau Molins en la primera sesión del juicio a Rosell, su mujer, Marta Pineda; su socio Joan Besolí, el cuñado de este, Antonio Ramos; su amigo personal Josep Colomer, y su presunto testaferro, Sahe Ohanessian, todos ellos acusados por la Fiscalía como integrantes de “una estructura estable” que desde 2006, se dedicó “al lavado de capitales a gran escala”.

En el inicio del juicio, la defensa puso en duda además de la competencia, la imparcialidad del tribunal, dado que, conforme explicó, es la misma Sala que le ha venido negando reiteradamente salir en libertad bajo fianza. “Es lógico y humano que aunque sea involuntariamente, los magistrados pudieran sentirse inclinados a condenar a Rosell por el hecho de que haya pasado dos años injustamente en prisión”, planteó el abogado de Rosell.

Sandro lleva en prisión preventiva desde mayo de 2017 acusado de blanqueo y organización criminal

En todo caso, Molins solicitó a la Sala que reconsidere su postura sobre la libertad de Rosell, cuyo encarcelamiento vulnera en su opinión su derecho a la defensa, y se le deje en libertad “en este mismo momento” o, en todo caso, cuando acabe el juicio, antes de que se dicte sentencia aportando por si es necesario para una eventual fianza su patrimonio embargado de 30 millones de euros. Desde que en mayo del 2017 ingresara en un centro penitenciario, ha reclamado más de una decena de veces la excarcelacion. Según el letrado, el exmandatario azulgrana no puede preparar la defensa desde la prisión y se le ha privado, así, de poder acceder a sus documentos para probar su inocencia. “Esta misma justicia no ha dudado en dejar en libertad provisional a personas procesadas y condenadas en primera o incluso en segunda instancia, como ‘La Manada’, por delitos más graves”, añadió Molins.

La sesión arrancó con 45 minutos de retraso y al poco de empezar se suspendió durante media hora más a fin de solventar problemas técnicos en la sala. El fiscal José Javier Polo defendió la incorporación de nuevas pruebas. El Ministerio Público pide 11 años de cárcel y 59 millones de euros de multa para Rosell, por liderar una red que presuntamente blanqueó cerca de 20 millones de euros. Solicita la misma pena y 54 millones de multa para Besolí; siete años y 50 millones para Pineda, ocho años para Ramón, siete para Ohanessian y seis para Colomer, como integrantes todos ellos de esa “estructura estable” de blanqueo, según el fiscal.