FÚTBOL TRIBUNALES
La defensa de Rosell pide “no corregir un error con otro”
Sandro Rosell, durante la sesión de ayer en la Audiencia Nacional, donde está siendo juzgado.
La defensa de Sandro Rosell reclamó ayer que la Audiencia Nacional declare la libre absolución del expresidente del FC Barcelona por el presunto blanqueo de casi 20 millones de euros procedentes de comisiones, ya que “la tesis de Fiscalía es disparatada y va contra las reglas de la experiencia humana”, aseguró el letrado Pau Molins. Después de un alegato centrado en cada una de las operaciones objeto del juicio, Molins reclamó que “lo único que me preocupa es el hecho de que pueda pesar en la deliberación de esta Sala los casi dos años de prisión preventiva que han pasado Sandro Rosell y Joan Besolí. No reparen el error de la magistrada instructora con un error mucho más grave que sería condenar a un inocente con una pena de prisión que es evidente que no merece”, añadió dirigiéndose al tribunal que preside Concepción Espejel.
Rosell afronta una petición de seis años de cárcel –cuatro por blanqueo y dos por grupo criminal– y 60 millones de euros de multa, mientras que para su socio Joan Besolí, que estuvo el mismo tiempo en prisión provisional, Fiscalía reclama cinco años de cárcel y más de 40 millones de multa. Para la mujer de Rosell, Marta Pineda; su presunto testaferro, Sahe Ohanessian; y el cuñado de Besolí, Antonio Ramos, el fiscal pide un año y 11 meses de prisión, mientras que para el amigo del expresidente del Barça, José Colomer, pide un año y 6 meses.
El fiscal Javier Polo defendió que juzga a Rosell por presunto blanqueo, que no ha habido prospección ni persecución y que la prisión provisional se mantuvo porque “difícilmente puede negarse que había riesgo de fuga. No se ha perseguido a ningún acusado por sus circunstancias personales, esto solo sirve para alimentar una paranoia. No ha habido persecución contra Rosell y menos por el hecho de que haya sido presidente de un club de fútbol”, dijo. El fiscal defendió que se dicte sentencia condenatoria, manteniendo la rebaja en las penas y en las multas tras cambiar la calificación de los hechos. La acusación por blanqueo continuado se queda en cargos por blanqueo y la de organización criminal, en grupo criminal, lo que ha reducido la solicitud de condena para todos los acusados.
