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La batalla jurídica del Lleida sigue viva

Albert Esteve, presidente del Lleida Esportiu.

Albert Esteve, presidente del Lleida Esportiu.SEGRE

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“Las pretensiones del Lleida no son cosa imposible, pues se ha construido todo un entramado para la modificación de las competiciones sobre los cimientos de una resolución –la del CSD– que tiene los pies de barro”. Esta es la opinión expresada ayer por Irene Aguiar, una experta en derecho deportivo, en el portal Iusport, especializado en esta materia. Aguiar defiende que la resolución del CSD del 30 de abril, que sirvió de base para las posteriores decisiones adoptadas por la Federación Española de Fútbol (RFEF), “fue un tiro en el pie”, ya que, según afirma en su artítulo, “no dio la cobertura legal suficiente que esperaban las federaciones. En realidad, no dio cobertura ninguna”.

Aguiar recuerda que el Lleida sigue ahora “dos caminos de recursos: a través del CSD, y la vía iniciada en la justicia ordinaria”, de las que cree que la vía abierta ante la Audiencia Nacional tiene más posibilidades, ya que, en el caso de los recursos ante el CSD, “las resoluciones recurridas se sustentan en sus propias recomendaciones y el CSD difícilmente se contradirá a sí mismo, pero en lo contencioso sí, eso es ya otra cosa”, afirma.

Añade que “el Lleida impugna (y solicita que se suspenda la ejecución) una resolución del CSD, de supuesta cobertura para la finalización de las competiciones, y otra de la RFEF, adoptada en base a aquella por su Comisión Delegada, por la que se acordaron los play off, siendo así que la primera no era más que un conjunto de recomendaciones” y que, como tales, puede ser que no tengan la fuerza normativa sobre la que se habrían tomado las diferentes decisiones. Además, el CSD no puede modificar los estatutos de la RFEF.

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