FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B
Citan a declarar al CSD por el recurso del Lleida
Albert Esteve, presidente del Lleida, en una comparecencia en el Camp d’Esports.
El titular del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la petición de medidas cautelares presentada por el Lleida, contra la resolución del Consejo Superior de Deportes (CSD) sobre la finalización de la competición de la Segunda división B y contra los acuerdos de la Federación Española de Fútbol (RFEF) de cierre de la temporada. Según anunció ayer el club, el juez ha dado un plazo de 10 días a la presidenta del CSD, Irene Lozano, para que formule alegaciones. La Audiencia Nacional, por tanto, escuchará al CSD antes de resolver la cautelarísima del Lleida contra el play off exprés. Si da la razón al Lleida podría suspenderse el play off.
El Lleida informó de que había recibido una interlocutoría del citado juzgado, en la que se le comunicaba que “el incidente cautelar se tramitará conforme al artículo 131 de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, oyéndose por plazo de diez días a la Presidenta del Consejo Superior de Deportes, a la que se oficiará. Fórmese pieza separada”.
La clave del proceso puede estar en que no hay un decreto ley que ampare la decisión de la RFEF
“Lo tomamos con cautela, pero es un paso adelante”, explicaban fuentes del club. “No se ha desestimado el recurso que presentamos, por lo que lo vemos como un paso positivo. Es importante que hagan declarar a Irene Lozano, que es la máxima responsable del deporte español”, añadía esta fuente.
Tal como valoraba la jurista Irene Aguiar en la web especializada Iusport, la clave del proceso y el principal argumento al que se aferra el club es el hecho de que no de hizo desde el CSD un decreto ley que establezca cómo debía finalizarse la competición, por lo que la RFEF no tenía competencias para modificar el reglamento, algo que hizo sin pasar por asamblea general y sin la existencia de una norma de rango superior, como hubiera sido un decreto ley al respecto.
Por ello el Lleida Esportiu impugnó ante la Audiencia Nacional la resolución del CSD del pasado 30 de abril, que dio “cobertura” a las federaciones para decretar el cierre de la temporada cuando no era más que una “recomendación”.
