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Querella doble del Lleida contra la Federación catalana y el Badalona Futur

Denunciará a la Federación Catalana y al Badalona Futur por “abuso de autoridad” y “tráfico de influencias”

Ve irregular la declaración de alto riesgo del partido que enfrentó a ambos equipos

Una vista general del Camp d’Esports durant el partit Lleida-Badalona Futur el passat 25 de febrer.

Una vista general del Camp d’Esports durante el partido Lleida-Badalona Futur el pasado 25 de febrero. - PAU PASCUAL

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El Lleida Esportiu se querellará contra la Federación Catalana de Fútbol (FCF) y contra los responsables del Badalona Futur por “abuso de autoridad y tráfico de influencias”, ya que según el adjunto a la presidencia y asesor jurídico del club leridano, Marc Torres, “utilizaron un servicio público de seguridad para finalidades privadas”, al solicitar a los Mossos que el partido disputado en el Camp d’Esports el pasado 25 de febrero fuese declarado de alto riesgo de forma irregular, sin informar previamente a la entidad azul y obviando el protocolo legal que debe seguirse a tal efecto.

Según la versión del Lleida, una media hora antes de iniciarse el encuentro ante el Badalona Futur se presentaron un grupo de Mossos en la puerta central del estadio comunicando al entonces aún director general del club leridano Vicente Javaloyes y al propio Marc Torres que el partido había sido declarado de alto riesgo sin que ellos hubieran sido informados. Paralelamente, en la puerta 4 un mosso, al que responsables del Lleida pidieron que se identificara y así lo hizo, accedió al estadio dejando entrar a un grupo de unas treinta personas. “Ante nuestro asombro, los argumentos de los Mossos son que había una bandera de Palestina, por el tifo que iba a desplegar nuestra afición y que un espectador estaba grabando con un dron”, explicó Marc Torres. 

Además, los Mossos escoltaron el autocar del Badalona Futur al término del partido. Ante la situación, el Lleida pidió explicaciones a la FCF, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), al departamento de Interior y a la dirección general de Policía de la Generalitat. Al cabo de dos semanas sin recibir respuestas, el club leridano reitera la petición y a finales de la pasada semana los Mossos dicen que la declaración de partido de alto riesgo fue una petición de la FCF. 

“Esto no funciona así. La FCF no puede actuar de oficio si no hay petición de alguno de los clubes. La RFEF debe pedir que lo declare a la Comisión Antiviolencia y se debe comunicar a los clubes con 8 días de antelación que hay este riesgo para luego crear una comisión entre los clubes y la policía. De esto no se hizo nada. A los Mossos se lo comunicó la FCF solo 4 días antes y a nosotros nadie”, continuó explicando Torres. Según el directivo del Lleida, “seguimos investigando y quien hace la petición a la FCF es Lucas Viale, director deportivo del Badalona Futur, porque considera que puede peligrar la integridad de las personas de su club. También nos dicen que es porque había unos tuits que incitaban a la violencia”, señaló Torres.

“En resumen, vemos que aquí no se ha seguido ningún protocolo, se nos causa indefensión porque no podemos prever nada como sí hemos hecho en otros partidos en los que había aficionados visitantes. Es que, además, aquí no había ninguno”, concluyó Torres.

Causa abierta contra los Esteve por presunto fraude

La jueza del Juzgado de Instrucción número 4 de Lleida tiene abierta una causa contra los anteriores dirigentes del Lleida Esportiu, los hermanos Albert y Jordi Esteve, por un presunto fraude a la Seguridad Social.

El procedimiento se abrió en 2023 debido a la intervención que hizo en el club en octubre de 2021 la Guardia Civil, cuando una decena de agentes pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Lleida, de la Unidad de Policía Judicial de la Zona de Catalunya (UPJZ) y de la Unidad Técnica de la Policía Judicial, junto con funcionarios de la Inspección de Trabajo, se personaron en las oficinas del Camp d’Esports. El registro se situaba en el marco de una investigación ordenada por la titular del juzgado número 1 de Lleida por presuntos delitos de fraude a la Seguridad Social y blanqueo de capitales. 

El club llegó a emitir en aquel entonces una nota en la que señalaba que “en ningún caso se ha hecho ningún registro de ninguna clase” y que solo se trataba de una inspección de Trabajo. La investigación buscaba indicios de falsedad en contratos, posible fraude a la Seguridad Social, supuesta falta de cotización de las cantidades pagadas por los contratos de los empleados y posibles pagos de dinero en B.

Ya han ido pasando al juzgado a declarar y testificar jugadores que estuvieron en el club hasta diciembre de 2021. También ha sido llamado el presidente del Lleida Luis Pereira. El club leridano supo del procedimiento abierto hace unas semanas y solicitó comparecer como acusación particular, petición que fue aceptada por la jueza.Varios exjugadores explicaron en su día que la forma habitual de cobro era mediante cheques o pagarés y que el club aún les adeudaba dinero, ya que algunos de estos pagarés no se habían podido cobrar por falta de fondos y, por ello, denunciaban los impagos ante la AFE. Además, otros explicaron que en ocasiones, ante la falta de cobro, lo que les impedía hacer frente a pagos inminentes, se habían personado en las oficinas reclamando lo adeudado y que entonces el club les avanzaba dinero en metálico.

El secretario de la FCF reconoce irregularidades en las elecciones

El secretario de la Federació Catalana de Futbol (FCF), Oriol Camacho, reconoció ayer ante el juzgado que hubo actas irregulares que emitió el presidente Soteras y que en algunas de ellas las firmas estaban presuntamente falsificadas,según Mundo Deportivo. También especificó que en estas actas había información que no procedía de los clubes, si no que era de la FCF. En su declaración, Camacho dejó entrever que todo fue una trama bien ensamblada para lograr la victoria electoral. Fue la propia acusación la que llamó a declarar a Camacho, que está de baja desde el día 5 y que está protegido actualmente por la oficina antifraude.

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