Elecciones bien atadas

El secretario general de la Federación Catalana de Fútbol (FCF), Oriol Camacho, que es testigo protegido en la causa por las presuntas irregularidades en las elecciones a la presidencia del 13 de febrero de 2023 en las que resultó reelegido Joan Soteras, declaró en el sumario, entre otros detalles del caso con vinculación a Lleida, que ya fue controvertida la constitución de las mesas electorales, donde uno de los presidentes fue Ramon Castellarnau, secretario de la delegación leridana, tras el despido del anterior, y extrabajador del comité territorial de fútbol sala. Camacho también cita al delegado de la FCF en Lleida, Josep Maria Espasa, del que dice le transmite las quejas del Puigvertenc, club que asegura que no eran suyas las firmas en las actas notariales que otorgaban el poder notarial del voto delegado en favor de la candidatura de Joan Soteras.

El reglamento electoral establece que deben ser tres los miembros que constituyan las mesas. Por tradición, en toda la historia de las elecciones federativas, siempre las compusieron los juristas de la FCF, es decir, los integrantes de los distintos comités, por su conocimiento de la normativa. Sin embargo, para los comicios del 13 de febrero de 2023, y por mandato expreso del Director General y director de la Lliga Catalana de Futbol Sala, José Miguel Calle, se sustituyeron a estas personas por otras de su plena confianza. Además, todos los presidentes de mesas electorales de las diferentes delegaciones fueron convocados el día antes de las votaciones, el 12 de febrero de 2023, para recibir instrucciones. En esta reunión, Calle les dejó claro que solo debían aceptar las actas notariales que procediesen de la candidatura de Joan Soteras. Si llegaban de otras candidaturas, se debían escanear y enviar a una cuenta de incidencias y él mismo resolvería si era válida o no. “Este procedimiento irregular y estas trabas para emitir el voto se acentuaron en territorios mayoritariamente contrarios al señor Soteras”. Cabe recordar que en dichas elecciones, Soteras recibió 503 votos (un 57,62% del total), Juanjo Isern 335 y Pep Palacios 12 y por delegaciones, el candidato reelegido perdió en la de Lleida (56 votos para él por 63 a Isern) y, sobre todo en la de Tarragona (31 apoyos por 67 a Isern).Por otra parte, siguiendo con la declaración de Camacho, tras las votaciones “muchos clubes descubrieron que las actas o escrituras notariales con las que habían votado a favor de Soteras, llevaban unas firmas que no habían hecho ellos, motivo por el que exigieron explicaciones a directivos y delegados recientemente proclamados de nuevo”. En este sentido, sigue diciendo que “algunos directivos y delegados, como el vicepresidente y delegado de Lleida Josep Maria Espasa”, con el que habla sobre este tema, le comenta “sobre las posibles responsabilidades en las que podría incurrir y la presión que estaba recibiendo por parte del club Puigvertenc”. Este es uno de los 26 clubes leridanos con actas bajo sospecha que están siendo investigadas de más de 170 en toda Catalunya. Hay que recordar que más de 400 actas fueron firmadas en una misma notaría de Sabadell. Camacho manifiesta también que cuando vio por primera vez las actas detectó “irregularidades notables. Entre ellas algunas firmas más que dudosas tal como le confirmó Josep Maria Espasa, al menos en el caso del club Puigvertenc”. Sin embargo, Espasa, tal como denunció ante Mossos la entonces presidenta del Arbeca, le dijo que “para poder votar tendría que coger el acta notarial que él le facilitaba” de la candidatura de Soteras para no tener problemas.

Echaron al leridano Adrià Gabernet por no colaborar

En la declaración del secretario general de la FCF, Oriol Camacho, aparece un detalle también muy relevante de cómo procedía, desde la propia federación, la candidatura de Soteras ante los que se negaban a colaborar en el fraude electoral. “El sr Calle, el 26 de abril de 2022, le envió un correo electrónico al profesor de la Escuela de Entrenadores, Adrià Gabernet, presionándolo conforme no podía apoyar otra candidatura que no fuera la del sr Soteras, motivo por el cual fue despedido mediante un expediente que preparó el sr Garrido (uno de los colaboradores de Calle). Por tanto, los señores Calle y Garrido conocían perfectamente la normativa sobre el deber de neutralidad, que si bien no lo aplicaban a ellos mismos, si les sirvió para justificar el despido disciplinario de esta persona”, sigue la declaración.Camacho afirmó en su día que durante el mandato de Soteras “hay un montón de procedimientos judiciales a nivel laboral, cerca de 30 despidos o incluso puede que más. Hasta donde yo sé, se ha acabado reconociendo la improcedencia prácticamente en la totalidad de todos ellos y abonando (las cantidades) un año o dos más tarde. El procedimiento es bastante perjudicial para los trabajadores despedidos”.