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El concurso de acreedores planea sobre el Camp d'Esports: el del 2010 supuso la desaparición de la UE Lleida

La justicia lo consideró quiebra “fortuita” y exoneró a Tatxo Benet

Luis Pereira i Marc Torres, ahir durant la roda de premsa per explicar la situació del club. - JORDI ECHEVARRIA

Luis Pereira i Marc Torres, ahir durant la roda de premsa per explicar la situació del club. - JORDI ECHEVARRIA

José Carlos Monge

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El concurso de acreedores vuelve a planear sobre el Camp d’Esports. A finales de la temporada 2009-2010 el hasta entonces máximo accionista de la Unió Esportiva Lleida, Tatxo Benet, traspasó la propiedad del club a Anabel Junyent quien, a las dos semanas de hacerse cargo del mismo, llevó a la entidad a acogerse a la ley concursal “después de un análisis intenso y detallado de su situación económico-financiera”. 

Se abrió entonces un largo proceso. El juez nombró tres administradores concursales para hacerse cargo de la gestión económica. Estos determinaron que la deuda de la entidad, inicialmente de 20 millones, era de 28, con Agencia Tributaria y Seguridad Social como principales acreedores. La situación provocó la desaparición de la histórica UE Lleida, club nacido en 1939 y con dos pasos por Primera división. 

En mayo de 2011, un año después de iniciarse el concurso de acreedores, el juez disolvió la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) en que se había convertido el club en 1992 y ordenó su liquidación. El mismo juez defendió, a petición de los administradores, que el club que tomara el relevo debía seguir en Segunda B, pese a la opinión absolutamente contraria de la Federación Española de Fútbol (RFEF), que defendía que eran ellos quienes debían determinar quién ocuparía la plaza vacante. 

El juez procedió a subastar la Unidad Productiva, es decir, la plaza, que fue a parar al Lleida Esportiu en junio de 2011. El concurso siguió en el juzgado. Los administradores consideraron que Benet y su junta eran responsables de la quiebra y en noviembre de 2014 empezó el juicio que, en marzo de 2015, exoneró de responsabilidad a Benet, al considerar que la quiebra fue “fortuita”.

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