Plan contra las prácticas abusivas en el sector fructícola

La Agencia para la Información y Control Alimentarios (AICA), ente dependiente del Ministerio de Agricultura, se comprometió ayer durante una reunión mantenida con representantes de JARC-COAG a emprender un plan de control específico sobre la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria en el sector fructícola, atendiendo así la petición de la organización agraria.

Desde JARC-COAG advirtieron a los responsables del AICA del “bajo nivel” de contratos en las operaciones de compraventa y “del alto grado de desconocimiento por parte de los agricultores de los beneficios que les puede aportar la normativa”.

Serret ve “inaceptable” la orden de ayudas que prepara el Magrama para el sector lechero

Según los responsables del organismo, este plan para comprobar la formalización de los contratos contará con más de un millar de inspecciones. La finalidad de esta nueva campaña de inspección es verificar que todas las transacciones comerciales que superen los 2.500 euros queden recogidas por escrito en un contrato alimentario como establece la Ley de la Cadena Alimentaria.

Por otra parte, JARC-COAG solicitó al President de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, el compromiso del Govern de “incluir el sector agrario dentro de las prioridades de su hoja de ruta”. Una de las medidas solicitadas pasaría por incrementar el presupuesto que la Generalitat destina a Agricultura, puesto que desde el 2014 no supera el 1%. Este aumento se tendría que focalizar, según el sindicato, en apoyar a los productores profesionales, concretamente en las líneas de ayuda por la incorporación de jóvenes, las inversiones productivas, las indemnizaciones compensatorias, las medidas agroambientals y la producción ecológica.

Por otra parte, la consellera de Agricultura, Meritxell Serret, calificó “de inaceptable y perjudicial para el sector lechero catalán” la orden de ayudas que está preparando el ministerio de Agricultura para estabilizar el mercado ya que “esta ayuda favorece a las explotaciones cantábricas y penaliza las catalanas”.