El ministerio de Agricultura destina 42 millones más a seguros agrarios

El Consejo de Ministros aprobó ayer incrementar en 41,18 millones de euros el límite máximo de gasto previsto en el convenio firmado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) para la ejecución de los Planes de Seguros Agrarios Combinados en 2016. El sector se había alarmado ante la intención de un recorte del 10% en las ayudas a los seguros que, finalmente, no tendrá lugar.

Ha habido dos incrementos en el límite de gasto por el aumento de las necesidades presupuestarias para la subvención de pólizas de seguros agrarios, que el ministerio de Agricultura concede a través de Enesa, derivado del notable incremento que ha experimentado la contratación de los seguros agrarios desde el otoño de 2015.

El presupuesto destinado para ayudas a los seguros agrarios en el Estado llega a los 267,45 millones de euros

Las ayudas están financiadas al 80% por la UE y el 20% restante por el Estado

El ministerio de Agricultura subrayó que para atender los compromisos económicos derivados de este alto nivel de aseguramiento, ha sido necesario realizar un “gran esfuerzo presupuestario”, con dos ampliaciones del crédito destinado a la subvención al seguro agrario, por un importe total de 56,18 millones de euros, hasta alcanzar los 267,45 millones.

El diputado del PP por Lleida, José Ignacio Llorens, y presidente de la Comisión de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, destacó que lo interesante es que el volumen de contratación de seguros crezca para que nuestros agricultores estén protegidos ante eventualidades que, lamentablemente, suceden tal y como hemos podido comprobar esta misma campaña”.

Llorens, que se reunió ayer por la tarde con representantes de organizaciones agrarias de la provincia, de Afrucat y de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), adelantó también que los afectados por los siniestros de esta campaña –independientemente de la fecha en la que sus respectivos ayuntamientos lo solicitasen- van a poder acogerse a las bonificaciones en la reducción de módulos del IRPF que el Estado dispone para situaciones como ésta.

Paralelamente, la conselleria de Agricultura prevé destinar 9,45 millones de euros al fomento de los seguros agrarios, incrementando el presupuesto convocado inicialmente en 861.000 euros.

Así se puso ayer de manifiesto en la Comisión Territorial de Seguros Agrarios de Catalunya, en la que se presentó la propuesta de ayudas del Plan de seguros agrarios 2016, según informó el departamento. Además, otros cambios destacables es que la línea de seguros de retirada y destrucción de animales muertos se verá incrementada en 300.000 euros en este plan.

madrid

El Consejo de Ministros aprobó también ayer un Real Decreto que establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el fomento de la creación de organizaciones de productores de carácter supra autonómico. Con esta norma se desarrolla una medida recogida en el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, presentado por España ante la Comisión Europea. El objetivo es mejorar la competitividad de los productores primarios mediante su integración en la cadena agroalimentaria, a través de la creación de organizaciones de productores de ámbito de actuación supra autonómico. Además, esta medida puede contribuir a la mejora de la viabilidad y competitividad de las explotaciones agrarias, fomentar la transferencia de conocimiento y mejorar el comportamiento ambiental de la agricultura. En su aplicación, la medida tiene un doble marco reglamentario. Por un lado, el reglamento relativo a la ayuda al desarrollo rural. Y por otro lado, el reglamento por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios (OCM), que permite ampliar el ámbito de reconocimiento de las organizaciones de productores y sus asociados a todos los sectores agrícolas y ganaderos, como figuras clave para la cooperación sectorial, con un importante abanico de finalidades y unas condiciones de reconocimiento uniformes. Este régimen de ayudas se financia a través del PDR estatal, financiado en un 80 por ciento por la Unión Europea y el 20% restante por España, a través de los fondos Fega.