LABORAL EMPLEO
La Agència Tributària crea 71 puestos de trabajo en Lleida
Dobla su plantilla en toda Catalunya || Hacienda seguirá aplazando automáticamente las deudas de hasta 30.000 euros
La Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) ha diseñado su estructura de puestos de trabajo para afrontar el crecimiento previsto para este año, con la que creará 71 nuevas plazas en Lleida y llegará a duplicar la plantilla en toda Catalunya.
Fuentes de la conselleria de Economía indicaron que la relación de puestos de trabajo de personal funcionario y laboral planteados a cierre de 2016 sirven para estar “preparados para el crecimiento”. Se trata de 849 plazas de personal funcionario y 20 de personal laboral en toda Catalunya, según consta en la relación de puestos de trabajo publicada ayer en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc).
Respecto al personal funcionario, 107 plazas corresponden a los servicios centrales, 491 a la delegación territorial en Barcelona, 93 a la de Girona, 71 a la de Lleida y 87 a la de Tarragona; según el puesto de trabajo, los más numerosos son los de personal administrativo y gestores tributarios.
También se reforzará la presencia de la ATC en Catalunya con la implantación de 19 oficinas propias, una en Lleida y otra en La Seu d’Urgell y 11 puntos de servicios compartidos con otras administraciones, con lo que busca más proximidad al ciudadano.
El objetivo para este año es asumir “plenamente” las competencias fiscales que le otorga el Estatut -recaudación ejecutiva y gestión directa de todos los tributos cedidos-, con una previsión de recaudación de 3.100 millones de euros.
Por otra parte, las solicitudes de aplazamiento de deudas tributarias de hasta 30.000 euros se seguirán admitiendo automáticamente sin necesidad de aportar garantías y se pagarán en un plazo máximo de 12 mensualidades en el caso de las personas físicas y de 6 mensualidades en el de las personas jurídicas, según la Agencia Tributaria Estatal (AEAT).
La AEAT también publicó la instrucción que permitirá el aplazamiento y fraccionamiento del IVA y otras deudas tributarias a pymes y autónomos en 2017, que precisa el real decreto-ley que aprobó el Gobierno central en el que se endurecían dichos aplazamientos para ingresar unos 1.500 millones de euros adicionales.
