Las pensiones perderán el 7% de poder adquisitivo hasta el 2022

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, estimó ayer que las pensiones perderán un 7 por ciento de poder adquisitivo en el periodo 2013-2022 teniendo en cuenta que las previsiones de todos los organismos sitúa el índice de precios (IPC) en el 1,8 por ciento desde el próximo año. De esta manera el gasto en pensiones se estabilizará en torno al 10,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).

Así lo señaló durante su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso, donde avanzó algunas de las conclusiones preliminares del informe que su organismo está realizando en relación con las pensiones.

Las pensiones iniciales en 2030 se situarán al mismo nivel que las registradas en el año 2013

Con la evolución de los ingresos y gastos de la Seguridad Social en los próximos años, Escrivá consideró que las pensiones no se revalorizarán por encima del mínimo previsto del 0,25 por ciento.

La Autoridad Fiscal también prevé que este año no se cumpla el objetivo de déficit de la Seguridad Social que el Gobierno ha fijado en el 1,4%, sino que más bien subirá unas tres décimas.

Escrivá describió el panorama de las pensiones a medio y largo plazo como de “incertidumbre”. En este sentido, lamentó que todas las previsiones demográficas realizada por los organismos años atrás hayan sido erróneas ya que han previsto una mayor población de la actualmente existe. Afirmó que las reformas del sistema de pensiones aprobadas en 2011 por el PSOE –por la que se retrasó la edad de jubilación– y en 2013 por el PP –desvinculándolas del IPC– evitarán un aumento del gasto de 5 puntos del PIB en el año 2050.

Sin embargo, el efecto de estas reformas también supondrá que las pensiones iniciales de los jubilados se estabilicen, de modo que en 2030 sigan en niveles de 2013, y que el porcentaje de pensión sobre salario sea unos diez puntos inferior al que se calculaba antes de los cambios legislativos.

Pese a ello, los “excesivamente pesimistas” escenarios de población y tasa de ocupación que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) implicarían un aumento entre 2016 y 2050 de ocho puntos del gasto en pensiones sobre PIB. Tras descontar el efecto de las reformas, este porcentaje pasaría del 11% actual al 14,3%.

Sin embargo, el dirigente de la AIReF eludió pronunciarse sobre qué medidas serían más convenientes -más allá de reclamar equilibrio financiero en la Seguridad Social-, ya que ninguna propuesta es “neutral desde el punto de vista redistributivo”, por lo que un organismo independiente como el suyo debe limitarse a analizar esos impactos para que los legisladores tomen decisiones “más informadas”.

Por su parte, el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) y que lideró el grupo de expertos que informó la reforma fiscal de 2014, Manuel Jesús Lagares, propuso reducir al 10% las cotizaciones sociales que pagan empresarios y trabajadores –y que actualmente superan el 30%– e incrementar los tipos de IVA normal y reducido entre dos y cuatro puntos para financiar el sistema de pensiones.