Cinco años de reforma laboral reducen el paro aunque disparan la precariedad en Lleida

La controvertida reforma laboral del Partido Popular cumple cinco años con un balance lleno de claroscuros. El Gobierno central insiste en destacar que ha servido para reducir las listas del paro, mientras que la oposición y los sindicatos ponen el acento en otra realidad, porque se ha disparado la precariedad en el empleo y también han sufrido la negociación colectiva y los salarios.

En Lleida se cumplen todos estos extremos. Las cifras arrojan un descenso del desempleo. Tomando los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), hemos pasado de los 41.200 desempleados del primer trimestre del año 2012 a los 22.100 con los que se acabó el pasado ejercicio. Hablamos de un descenso de 19.100 personas. Pero esto no quiere decir que se hayan generado la misma cifra de puestos de trabajo. De hecho, hay que tener en cuenta que en estos cinco años la población activa (personas en disposición de trabajar, tengan empleo o no) ha sufrido un descenso de 11.100 leridanos. Se ha pasado de 219.600 a 208.500. Es decir, hay menos paro, pero también hay menos personas que quieran o puedan trabajar. Este fenómeno se puede explicar por varios factores, entre ellos la vuelta a sus países de origen de algunos inmigrantes que ya no veían en el mercado laboral local posibilidad de trabajar, así como el incremento de personas que pasan a engrosar las listas de pensionistas, demostrándose los efectos del envejecimiento de la población.

El debate sobre el mercado laboral se superpone con el del futuro de las pensiones

De hecho, el número de empleos creados en la provincia en los cinco años analizados se sitúa en 8.000, siempre según los datos de la EPA que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Por sexos, el grueso de esta nueva ocupación ha ido a manos de hombres (5.200) frente a las féminas (2.800).

En cuanto a la calidad en el empleo, hay que tener en cuenta varios factores. Por una parte, crece el número de contratos que son a tiempo parcial, que solo representan trabajo por menos de las ocho horas que podemos considerar normales. Con ello, los sueldos también son inferiores. Además, muchos de los contratos que se firman son por apenas semanas o incluso días. Por poner un ejemplo, de los poco más de diez mil contratos eventuales suscritos el pasado mes en Lleida, 2.837 tenían una duración inferior a un mes, mientras que 1.103 suponían un empleo de entre uno y, como máximo, tres meses. Con este tipo de contratos, está claro que no se puede hablar de estabilidad laboral para miles de leridanos y eso se traduce en imposibilidad de incrementar el consumo o poder afrontar la compra de una vivienda, por poner solo unos ejemplos. Los sindicatos advierten además que la reforma laboral y contratos que califican de basura han creado un nuevo colectivo de personas, la de trabajadores pobres pese a tener un empleo.

Todo ello, además, en plena polémica sobre el futuro del sistema de pensiones públicas, y que no se puede desligar de la situación del mercado laboral. De hecho, los fondos para pagar a los jubilados salen de las cotizaciones de los trabajadores en activo, por lo que es urgente incrementar empleo e ingresos en el sistema.

Entre la defensa y el camino hacia la derogación La reforma laboral se ha convertido en un caballo de batalla en el Congreso, en un momento en el que el Gobierno de Mariano Rajoy no tiene mayoría absoluta y que sus medidas dependen de la capacidad para llegar a acuerdos con la oposición. El Partido Socialista tiene en su punto de mira la derogación de la reforma laboral de hace cinco años, mientras que otros partidos y sindicatos coinciden en cargar también contra la primera, que llevó a cabo el entonces ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. El Gobierno popular y el PP intentan defender su legislación, pero forzados por su situación en las Cortes se muestran abiertos al diálogo y Ciudadanos, su socio preferente o no, insiste en la defensa de cambios radicales en el mercado laboral, insistiendo en medidas polémicas como la instauración de un contrato laboral único. Las patronales advierten contra cualquier decisión que suponga recortar las medidas que han, dicen, flexibilizado el mercado.