El salario social marca otro récord con el doble de ayudas que en 2012 en Lleida

Un total de 2.092 leridanos tienen concedido actualmente un salario social (Renda Mínima de Inserción), lo que supone un nuevo récord en la provincia. Sin embargo, de esta ayuda, destinada a paliar situaciones de pobreza sin ingresos, llegan a depender otras 3.572 personas, que son los hijos o las parejas de los titulares de la prestación.

La cifra de leridanos que dependen del salario social, una ayuda destinada a paliar situaciones de pobreza en personas sin ingresos, no ha dejado de crecer desde 2012 y el pasado mes de enero marcó un nuevo récord en la provincia. Concretamente, son 2.092 los vecinos de las comarcas de Ponent que actualmente, con fecha de enero, son titulares de una de estas prestaciones de la Renta Mínima de Inserción (RMI, también conocido popularmente como Pirmi), una cifra que supone un centenar más que hace seis meses y casi el doble de las ayudas que estaban contabilizadas hace cinco años, cuando eran 1.204, según los datos facilitados a este diario por el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. Pero la realidad va más allá, ya que según estas mismas estadísticas, de estas ayudas dependen hasta 5.664 personas, que son hijos, pareja u otros familiares de quien consta como titular de la prestación.

Los nuevos datos facilitados por la conselleria vienen a confirmar una tendencia al alza que se inició en 2012, coincidiendo con los años más duros de la crisis económica y justo un año después de que la Generalitat pusiera en marcha un proceso de regularización de las ayudas para controlar el cumplimiento de los requisitos y evitar que se dieran casos de fraude, lo que provocó que se retirara a decenas de leridanos.

Las entidades que luchan contra la pobreza dicen que los datos demuestran que la crisis continúa latente

Las entidades que luchan contra la pobreza aseguran que esto pone de manifiesto que la crisis continúa causando estragos, mientras que para el Govern es la consecuencia de que se ha ido incrementando la partida presupuestaria destinada al salario social. Según fuentes consultadas por este diario, pasan una media de entre tres y cuatro meses desde que una persona (que no cuenta con ingresos) solicita la ayuda hasta que la recibe, aunque en algunos casos puede llegar a pasar un año.