Las cotizaciones en Lleida no cubren cuatro meses del total de pensiones

El futuro de las pensiones se encuentra en debate permanente, en un contexto en el que la llamada “hucha” se encuentra al límite y en el que las cotizaciones de los trabajadores en activo quedan lejos de cubrir las necesidades para cubrir la “nómina” de los mayores.

En el caso de Lleida, la diferencia entre los ingresos de la Tesorería de la Seguridad Social y el coste de pagar a los pensionistas se elevó el año pasado hasta los 289 una cifra que equivale prácticamente al importe de cuatro meses de prestación para los mayores de la provincia. Según datos de la Seguridad Social, el año pasado cada mes se destinaron a pensiones en la provincia 76,822 millones de euros. Teniendo en cuenta que los mayores cobran 14 mensualidades, incluyendo las dos pagas extraordinarias, el montante total destinado en las comarcas de Ponent superó ligeramente los 1.075 millones de euros. Así las cosas, con las cotizaciones se podían pagar tan solo algo más del 73% de las prestaciones.

Es una cifra preocupante y peor que el dato de la media catalana. Con un déficit que roza los 5.000 millones de euros, las cotizaciones permiten pagar el 78,56% del importe de las pensiones.

En términos relativos, las regiones que menos ingresan en relación con las obligaciones que tienen reconocidas son Asturias, Galicia y Castilla y León, ya que la primera solo podría pagar el 42% de sus pensiones con lo que ingresa y las otras dos, el 57 por ciento. De hecho, solo Madrid y Baleares tienen superávit, de 224 millones en el primer caso y de 197,58, en el segundo.

A la hora de analizar el desequilibrio hay que tener en cuenta que en el capítulo de gasto, el incremento de la esperanza de vida se traduce en que los pensionistas cobran durante más tiempo la prestación. Del lado de los ingresos, la crisis pasa factura. Sin embargo, la recuperación económica se traduce en más cotizantes. Pero teniendo en cuenta la caída y congelación salarial, los ingresos medios por trabajador han caído y tampoco hay que olvidar las rebajar de cotizaciones en los planes de impulso a la contratación.

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Pocas cosas se traducen en la unanimidad de los partidos políticos y las pensiones es una de ellas, en concreto la necesidad de poner hilo en la aguja para asegurar el sistema público. El déficit actual, el desfase entre ingresos por cotización y gastos, hace necesario articular reformas para asegurar el futuro del sistema.

Las opciones son diferentes y mientras desde organismos oficiales como el Fondo Monetario Internacional se apuesta por alargar la vida laboral y retrasar la edad de jubilación, las organizaciones sindicales defienden poner el acento en buscar mayor financiación al sistema.

En este punto, insisten en “destopar” las cotizaciones de los salarios altos. Esta medida, según sus cálculos, supondría una recaudación extra de 8.626 millones de euros anuales.

Pero este incremento, en todo caso, se traduciría también en un aumento de la pensión máxima, con lo que la mejora de las cuentas no sería tan importante como puede parecer. La postura de los sindicatos, de todas formas, pone el acento en la necesidad de mejorar el empleo, no solo en cantidad sino en calidad de los salarios para mejorar con ello la recaudación.

Entre las posibilidades que se han barajado desde el Ejecutivo central se encuentra que no todas las prestaciones se financien vía cotizaciones. En este punto se mira hacia las de viudedad y orfandad, que podrían pasar a depender directamente de los Presupuestos Generales del Estado.

Entretanto, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, insiste en que en una de las posibles soluciones para mejorar la situación del sistema público pasa por la cotización de los autónomos en función de sus ingresos netos reales, estableciendo tramos y tratándolos con diferentes bases reguladoras.