Los planes privados ya acumulan casi mil millones en la provincia

La crisis de los años 90 representó la primera gran alerta sobre el futuro del sistema público de pensiones, y el entonces ministro de Economía, el socialista Pedros Solbes, animó a la población a contratar sistemas privados de ahorro. Ahora, la situación se repite y agravada.

En este contexto se explica el peso que están adquiriendo los planes de pensiones privados, que en el caso de la provincia de Lleida alcanzan ya los 992 millones de euros. Uno de cada cuatro leridanos prácticamente (24%) tiene contratado uno para complementar su prestación en el futuro. Es así una de las provincias más previsoras de todo el Estado, solo superada por Segovia, Soria y La Rioja, según los datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Privada y Fondos de Pensiones (Inverco).

El montante total del dinero ahorrado se disparó en 168 millones en 2015, último ejercicio del que se tienen datos cerrados, lo que supone un aumento del 19,17%. En total son 105.106 personas con uno de estos sistemas de ahorro,6.659 más que en el ejercicio anterior y de media tienen ya en su hucha particular 9.437 euros.

Estos fondos reducen la factura del IRPF pero rescatarlos de golpe supone una penalización

El tipo de ahorro suele depender en buena medida de la edad. Cuando más joven es la persona que contrata uno de estos planes más arriesga y destina un mayor porcentaje de renta variable. En la medida en que se acerca la edad de jubilación, lo lógico es optar por productos más conservadores, como la renta fija o garantizados, que, aunque confieren menos intereses también presentan menos riesgos. En Lleida, el capital colocado en renta variable se limita al 9,8%.

Este tipo de planes de ahorro para complementar la pensión pública futura tiene atractivos fiscales en el Impuesto sobre la Renta mientras se hacen las aportaciones. De hecho, representa una de las vías más habituales para intentar reducir la factura con el fisco a la vez que se ahorra para el futuro.

El problema viene cuando se quiere hacer el rescate de ese dinero llegado el momento. Es entonces cuando el contribuyente tiene que hacer cuentas porque recuperar el dinero ahorrado de golpe se traduce, en la práctica, en una dolorosa factura con el fisco.

Con todo, las previsiones apuntan a que este tipo de planes de previsión seguirán creciendo, al menos de forma proporcional a las advertencias sobre la delicada situación del sistema público de pensiones en el Estado.

El dato

105.106 leridanos. Prácticamente uno de cada cuatro leridanos tiene contratado un plan de pensiones.

9.437 euros. La media de ahorro por persona se sitúa en 9.437 euros, según Inverco.

9,8 Por ciento. El ahorrador leridano es conservador y solo el 9,8% opta por la renta variable. 

Pensiones cada vez más pobres y con horizonte a la baja El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue el primero que congeló las pensiones y después el de Mariano Rajoy desligó su evolución del coste de la vida. En la práctica, se ha traducido que en los últimos ejercicios los sueldos de mayores y viudas se ha incrementado un 0,25% anual, el mínimo previsto. Solo en el último año y teniendo en cuenta la evolución del coste de la vida, los pensionistas de Lleida han perdido en su conjunto 5 millones de euros de poder adquisitivo. Pero las previsiones de futuro no apunta precisamente a que el nivel de las prestaciones mejore, sino todo lo contrario. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advierte que si no se toman medidas las pensiones no podrán subir más de ese 0,25% en los próximos años. Teniendo en cuenta la previsión de crecimiento de los precios, de aquí 2022, los ingresos de los mayores perderán un 7 por ciento de poder de compra. Esta no es la única previsión que hace reflexionar y dispara las alarmas. De hecho, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) propone “blindar” la pensión mínima vinculando su crecimiento a la tasa de inflación como opción para “mitigar los efectos adversos” del índice de revalorización que fija una subida mínima del 0,25%. Advierte que las pensiones solo subirán ese cuarto de punto hasta 2060 si no se toman medidas.

Tres opciones para el futuro

1. Edad. Los expertos ya hablan de que habrá que trabajar hasta los 70 años En diez años, la edad legal de jubilación será de 67 años, pero ya se considera insuficiente para apuntalar el sistema público

2. Impuestos. Las pensiones de viudedad y de orfandad pueden pasar a costearse con impuestos La Seguridad Social pagaría las pensiones de jubilación e incapacidad. Viudas y huérfanos cobrarían de Presupuestos del Estado

3. Tesoro. Hasta llegar a un acuerdo el desfase tendrá que cubrirlo el Tesoro Público Con una hucha de las pensiones a punto de agotarse, el pago de las prestaciones está asegurado por fondos del Teroso Público.

Horizonte de trabajar más años La reforma del sistema de pensiones público necesita de un amplio acuerdo entre los partidos del arco parlamentario si no quiere nacer con pies de barro o quedarse a medio camino. Pero cualquier cambio tiene un coste en términos políticos, solo hay que darse cuenta que los mayores representan más de 9 millones de votantes. Además, con un parlamento fragmentado es complicado que se pueda llegar a un acuerdo, al menos de forma sencilla. Bruselas advierte que hay poner hilo a la aguja y adoptar reformas. Las grandes propuestas no son, desde luego, populares. Por una parte, cuando aún no se ha concluido el plan de paulatino retraso de la edad de jubilación (llegará a los 67 años en 2027), ya se está planteando que debería aplazarse de forma general a los 70 años, con excepciones solo para algunos tipos de trabajo que comportan especial penosidad. La teoría es que si vivimos más y en mejores condiciones, también deberíamos estar más tiempo al pie del cañón en el puesto de trabajo para apuntalar el sistema de pensiones. Por otra parte se insiste en cambios en la llamada “tasa de sustitución” de las pensiones, que no es más que la diferencia entre lo que se cobra en el último sueldo y la prestación que se percibe cuando se pasa a depender de la Seguridad Social. El Banco de España habla de establecer una tasa de sustitución fija y una mayor contributividad y transparencia en el sistema. En la práctica, tras estas palabras se encuentra la apuesta del instituto emisor por un nuevo ajuste, otra vuelta de tuerca en un intento de que las cuentas cuadren. Una vía que puede suponer también una rebaja de pensiones sin decirlo claramente es la de aumentar el período de cotización con el que se calculan las prestaciones. Otras propuestas pasan por sacar del sistema público algunas pensiones, como las de viudedad y orfandad, que cuestan 15 millones al mes en Lleida, y costearlas vía Presupuestos del Estado, es decir, vía impuestos. Pero sea como fuere, el dinero debería salir de los bolsillos de los trabajadores y los contribuyentes en general. Es decir, esta fórmula salvaría las cuentas de la Seguridad Social, pero habría que sacar el dinero de algún sitio. Así las cosas, o se subirían los impuestos (algunos apuntan al IVA como el tributo a elegir) o se detrae fondos de otras partidas para pagar a viudas y huérfanos. Ambos supuestos son difíciles. Subir tributos castigaría de nuevo y en especial a la cada vez más débil clase media, pero tocar los presupuestos es difícil, teniendo en cuenta los compromisos del Estado de Bienestar, con gastos como el sanitario o educativo sobre los que la sociedad no estaría dispuesta a aplicar recortes.

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