Entran en vigor en la UE nuevas normas contra el blanqueo de capitales
La normativa tiene que permitir prevenir y descubrir delitos graves, incluidos los relacionados con el terrorismo
La Unión Europea (UE) cuenta desde este lunes con una nueva normativa para combatir de manera más eficaz el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que además ayudará a mejorar la transparencia con el fin de evitar la evasión de impuestos. Entre otros cambios, la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales refuerza la obligación de evaluar los riesgos por parte de los profesionales de la banca y obliga a la transparencia sobre la titularidad real, indicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado. A partir de ahora, ese tipo de información se conservará en un registro central y estará a disposición de las autoridades nacionales y las entidades obligadas.
Además, las nuevas normas permitirán prevenir y descubrir delitos graves, incluidos los relacionados con el terrorismo, al fomentar la cooperación y el intercambio de información entre las unidades de inteligencia financiera de los países para detectar y seguir las transferencias de dinero sospechosas. Otra de las ventajas es que refuerza la posibilidad de sancionar de las autoridades competentes, según la Comisión Europea (CE).
El vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, valoró la entrada en vigor de las nuevas normas e indicó que ahora "urge llegar a un acuerdo sobre las mejoras adicionales que la Comisión propuso el pasado mes de julio".
Por su parte, la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, pidió a los países que pongan en práctica la nueva legislación "sin demora" e instó a lograr "un rápido acuerdo" sobre las nuevas revisiones propuestas.
En julio de 2016, la Comisión adoptó una propuesta para reforzar las normas de la UE contra el blanqueo de capitales para combatir la financiación del terrorismo y aumentar la transparencia sobre la titularidad real de las sociedades y los fondos fiduciarios.
La Comisión pidió este lunes al Parlamento Europeo y al Consejo (países de la UE) que concluyan esas negociaciones cuanto antes, para que el otro paquete legislativo de nuevas normas pueda entrar en vigor rápidamente.
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