6.000 Accionistas del Popular recurren en Europa la resolución de la entidad

Cerca de 6.000 accionistas del Banco Popular han recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la operación impulsada por la Junta Única de Resolución (JUR), por la que la entidad fue adjudicada al Banco Santander al precio simbólico de un euro.

Asimismo, ha impugnado la resolución, anunciada el pasado 7 de junio, el bufete Cremades y Asociados, que ha solicitado una compensación equivalente al valor neto de los activos del Popular en esa fecha así como la comparecencia, entre otros, del ministro de Economía, Luis de Guindos, del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, y de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría.

También de la presidenta de la JUR, Elke König, de la presidenta del consejo de supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Danièle Nouy, y del presidente del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), Jaime Ponce.

Por su parte, el socio de Cremades y Calvo Sotelo Carlos de la Mata, cifra en casi 4.000 el número de perjudicados por la operación a los que representa el recurso interpuesto por su despacho a lo largo de la mañana, dentro de la estrategia de defensa de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec).

Asimismo, ha avanzado en declaraciones a Efe que, el próximo 1 de septiembre, presentarán ante la Audiencia Nacional el correspondiente recurso contencioso-administrativo contra el papel del FROB, al haber sido el encargado de ejecutar una operación que redujo a cero las inversiones de accionistas y tenedores de deuda subordinada.

Entre otros motivos, Aemec considera que el reglamento que justificó la intervención podría vulnerar los derechos comunitarios fundamentales, al haber causado a los inversores una "indefensión flagrante".

Al respecto, subraya que al no contemplar el pago de una compensación para éstos, la operación incurre en una "grave violación" del derecho originario de la Unión Europea, máxime cuando la situación patrimonial de la entidad "en absoluto justificaba la medida extrema, ni en términos de solvencia ni de liquidez".

Argumentos por los que la asociación sostiene que, de haber entrado en un hipotético concurso de acreedores, el accionista habría recibido un "mejor tratamiento que en la valoración realizada para una resolución por falta de liquidez", que tacha de "desproporcionada e injusta".

Para Rúa Abogados, despacho que representa a más de 2.000 perjudicados, la vía europea podría permitir a éstos recuperar una parte de su dinero en concepto de indemnización por los daños causados tanto por la JUR como por el FROB.

De igual modo, destaca que el recurso permitirá obtener "de una forma más rápida", diversos datos y documentación para eventuales procesos civiles a los que los interesados podrán seguir acudiendo, con independencia de que pidan asistencia a Luxemburgo.

A las pretensiones del bufete se ha adherido la Plataforma de Afectados por el Banco Popular, que suma más de 150 accionistas, con el objetivo de "anular las resoluciones y reclamar una indemnización por los daños y perjuicios causados por las mismas".