POLÍTICA AGRARIA
Govern y payeses buscan un pacto alimentario y de desarrollo rural
La conselleria de Agricultura apuesta por el consenso con toda la cadena, de la producción a la distribución|| Entre los aspectos a tratar, el relevo generacional
La consellera de Agricultura, Meritxell Serret, se reunió ayer con representantes del sector productor para tratar la creación del futuro Pacto Nacional para la Política Alimentaria y de Desarrollo Rural y Marítimo de Catalunya, que el Govern quiere crear desde el máximo consenso posible. “El gran objetivo de este pacto es lograr el consenso con el máximo de agentes responsables de la producción y de toda la cadena alimentaria”, explicó la consellera, y destacó que a la reunión de este lunes le seguirán otras en las próximas semanas.
Una vez logrado este consenso con los productores, el trabajo se elevará al recientemente creado Consell Català de l’Alimentació, que aún se tiene que constituir y que el Govern aprobó en julio, en el que se juntarán varios departamentos de la Generalitat con colegios profesionales, asociaciones de consumidores e industria.
Las reuniones y el progreso de la constitución del pacto irá en función del acuerdo y de los logros que se vayan consiguiendo en las sucesivas reuniones: “En función de los consensos será más rápido”.
“Hemos quedado hoy con los primeros. De aquí a unas semanas nos harán llegar sus valoraciones y, a partir de aquí, continuaremos emplazándonos”, detalló la consellera.
A esta primera reunión han asistido representantes de Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc), la Federación de Cooperativas Agrarias de Catalunya y el Centro de la Propiedad Forestal.
El pacto tiene que servir para articular una política agraria, pesquera, forestal y alimentaria propia para Catalunya que abarque desde la producción hasta el consumidor y que dé protagonismo a la producción local, “pero también la internacionalización que tiene el sector”.
Otros aspectos que deberá desarrollar son el relevo generacional del sector para garantizar la continuidad de Catalunya como territorio productor y la gestión sostenible del medio, ya que la agricultura genera emisiones de dióxido de carbono (CO2).