El precio de la luz y el gas en España ha aumentado un 66,7% en diez años

La Mesa del Tercer Sector, que agrupa a más de 3.000 entidades sociales catalanas, ha pedido este martes reducir el IVA en las facturas de energía de los hogares y ha denunciado que el precio del gas y la luz ha aumentado en España un 66,7 % en los últimos diez años, mientras que el IPC ha crecido un 14,7 % en el mismo periodo.

La presidenta de la Mesa del Tercer Sector, Francina Alsina, ha presentado este martes en Barcelona el informe "El precio de la energía, factor clave en el aumento de la pobreza energética", que revela que España es el Estado de la UE con un mayor encarecimiento del gas para consumidores domésticos, más del 70 % desde 2010.

La directora de la asociación Ecoserveis y autora del informe, Marta García, ha remarcado que el nivel de vida de las personas no "aumenta al mismo ritmo" que el precio del gas y la luz.

"El precio de la electricidad y del gas no ha parado de aumentar durante los últimos 10 años, pero los salarios se han mantenido estables, lo que supone destinar una mayor parte de nuestro salario a pagar por la energía", ha explicado García.

El estudio se ha centrado en analizar cómo funciona el mercado energético, qué condiciona los precios de la energía, qué medidas de protección existen y qué efecto tienen los precios en el bienestar de las personas.

El informe constata que el gasto energético a nivel doméstico ha aumentado en España un 40 % más que el nivel de vida en los últimos diez años, por lo que "una familia que pagaba de media, en 2008, 1.566 euros en concepto de gastos energéticos, en 2018 estaría pagando 2.238 euros", ha señalado Alsina.

El estudio también analiza la situación del bono social, una protección social ofrecida por el Gobierno para los consumidores en situación de vulnerabilidad, y denuncia que "el ministerio ha fijado su efectividad en el 45 %, por lo que está reconociendo desde un principio que algo falla". 

"Actualmente tienen acceso a ese bono familias que igual no lo necesitan, mientras que colectivos más vulnerables, como las familias monoparentales, no se incluyen explícitamente, por lo que creemos que se tendrían que establecer criterios para que el bono social se destine a aquellos que realmente lo necesitan", ha añadido García.