AGRICULTURA LEGISLACIÓN
Campaña de control de la maquinaria de fitosanitarios y sanciones de hasta 600 euros
Plan piloto en el que agentes rurales pedirán certificados en máquinas en uso en el campo
Esta semana el ministerio de Agricultura ha anunciado la puesta en marcha antes de verano de un plan de control para comprobar si los ganaderos están vacunando contra el aujeszky y la conselleria de Agricultura prevé poner en marcha otro sobre la inspección de la maquinaria de aplicación de productos fitosanitarios.
En concreto, ya se han puesto, según fuentes agrarias, algunas sanciones porque máquinas de fotosanitarios no habían pasado las inspecciones pertinentes. Ahora, a partir del próximo día 15 de este mes se prevé la puesta en marcha de un plan piloto de control en siete comarcas catalanas, que en el caso de Lleida afectan al Segrià y el Alt Urgell. Los controles correrán a cargo de agentes rurales, que podrán parar las máquinas en uso en el campo. Pedirán la documentación sobre la maquinaria y si está inscrita en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) y ha pasado las inspecciones. Los payeses que no puedan acreditar que tienen todo en regla se enfrentan a multas que pueden ir desde 300 hasta 600 euros.
La conselleria calcula que casi el 32% de las máquinas no han pasado los controles reglamentarios
La conselleria calcula que casi el 32% de los equipos que están inscritos en el ROMA para inspeccionar están pensientes de hacerlo. En concreto, cifra en 14.321 las inspecciones favorables en total Catalunya, frente a 6.683 pendientes al finalizar el pasado año.
La comarca con mayor volumen de este tipo de maquinaria inscrita en el ROMA es el Segrià, con 3.544, lo que explicaría que sea una de las elegidas dentro del plan piloto. De ellas, 376 están inscritos hace menos de 5 años, por lo que son 3.168 las que deberían haber pasado la inspección, pero el 30% aún está pendiente. En el Alt Urgell, 31 tienen la inspección favorable, pero otras 23 están pendientes.
Esta campaña de controles y en especial la amenaza de sanciones hasta 600 euros ha provocado polémica entre fruticultores, teniendo en cuenta la crisis que arrastran en las cuatro últimas campañas. Así lo afirmó ayer el líder de Asaja en Lleida, Pere Roqué, que critica lo que considera “afán recaudatorio” por parte de la conselleria. Aseguró que los agricultores se sienten perseguidos y que son los primeros que quieren hacer las cosas bien, pero se preguntó cómo se puede renovar maquinaria con los actuales precios de la fruta y sin planes de apoyo específicos, dijo, por parte de las administraciones.