Un año de diálogo político de sordos en el Pacto de Toledo

La Comisión del Pacto de Toledo del Congreso se ha convertido en un diálogo de sordos después de casi un año de debates en los que no ha habido ningún avance en la principal recomendación, la número dos, que pide garantizar que las pensiones no pierdan poder adquisitivo en su revalorización anual.

Exactamente dicha recomendación expone que “la revalorización anual de las pensiones es el mecanismo que sirve para mantener el poder adquisitivo de las pensiones; debe diferenciarse de otras actuaciones dirigidas a incrementar dicho poder adquisitivo”.

Las pensiones llevan tres años subiendo solo un 0,25%, lo que ha generado protestas en las calles

Bajo esta premisa, PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC, Compromís y PDeCAT están de acuerdo en que el actual Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) no garantiza el poder de compra, ya que supedita la revalorización sobre todo a la evolución de los ingresos de la Seguridad Social, actualmente en déficit. El PP se ha quedado solo en defensa de esta fórmula que únicamente ha permitido incrementar las pensiones el 0,25% en 2016 y en 2017, cuando la inflación cerró esos años en el 1,5% y el 1,1%, respectivamente, y este año.

Por este motivo, PSOE, Unidos Podemos y PDeCAT han presentado varias proposiciones de ley para que en 2018 las pensiones suban el 1,6 % (la pérdida de poder adquisitivo de ambos años) y aunque Podemos aboga por volver al IPC, socialistas y nacionalistas catalanes están abiertos a buscar otra fórmula.

Desde el Gobierno central se insiste en que no hay fondos para incrementos superiores al anunciado para este año de un 0,25% e incluso el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, afirma que la mayoría de los pensionistas tienen piso propio y lo cuenta como renta. Todo ello con movilizaciones de pensionistas en la calle, como la registrada el viernes en Lleida.