Rajoy quiere ampliar la exención del IRPF al 80% de pensiones de Lleida

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, avanzó ayer que el Gobierno central quiere eximir del pago del IRPF a los pensionistas que cobran rentas anuales de hasta 17.000 euros, lo que, según dijo, les permitirá ganar poder adquisitivo “por la vía de no pagar este impuesto”. Esto supondría que en la provincia de Lleida no tendrían que tributar ocho de cada diez pensionistas, según los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria. En estos momentos, no pagan el impuesto los pensionistas que no llegan a 12.600 euros. En el conjunto del Estado son 6,1 millones los pensionistas cobran una prestación inferior a los 900 euros al mes y, por lo tanto, no sufren retención. En esta situación se encuentran en la provincia de Lleida en torno al 68% de los pensionistas. Sin embargo, si tienen otros ingresos, sí que tributan por el IRPF.

Un jubilado mayor de 65 años y menor de 75 años que cobra una pensión de 17.000 euros anuales (1.214,3 euros al mes) paga hoy por IRPF 1.558,9 euros, según Cinco Días. Si queda exento del IRPF, su prestación neta pasará de 1.102,9 euros al mes a 1.214,3 euros, un aumento del 10,1% (un total de 111 euros al mes).

“Mariano Rajoy ha eliminado el IPRF para todos los pensionistas que tengan una pensión inferior a 860 euros al mes (lo que equivale a unos 12.000 euros anuales). Queremos hacer extensiva esa eliminación del Impuesto sobre la Renta incluso hasta los 17.000 euros de pensión, es decir, hacer que más pensionistas ganen poder adquisitivo por la vía de no pagar el impuesto”, afirmó Maroto en declaraciones a TVE.

El PSOE considera claramente “insuficiente” la exención del IRPF a pensionistas porque solo beneficiaría al 11% teniendo en cuenta la tributación actual.

El anuncio se produce después de las multitudinarias manifestaciones de pensionistas en todo el Estado, pero se queda lejos de las demandas de los jubilados. Reclaman que sus prestaciones se revaloricen en función de la inflación, frente al mínimo incremento del 0,25% aplicado.

"Subir más del 0,25% implica reducir gasto o elevar ingresos"

El Banco de España cree que el sistema público de pensiones está “garantizado” con las reformas de 2011 y 2013 contemplando escenarios de crecimientos económicos “boyantes” y una revalorización de las pensiones del 0,25%, y advierte de que un aumento superior a ese nivel requeriría modificar algunos parámetros del sistema por el lado de los gastos o de los ingresos.

Así lo señaló ayer el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante la presentación de las proyecciones macroeconómicas de la economía española (2018-2020), en la que advirtió de que el sistema de pensiones se enfrenta a medio plazo a riesgos “muy importantes” que se derivan de una evolución demográfica “muy adversa”.

Hernández de Cos indicó que se prevé un aumento “muy significativo” de la tasa de dependencia para los próximos 40 años, que se llegaría a duplicar, si bien España hizo frente a algunos retos con la aprobación de las reformas de los años 2011 y 2013, que aumentaron la edad de jubilación e incorporaron el nuevo índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad a partir del año 2019.

Con esas reformas y contextos macroeconómicos “boyantes”, que pasan por incrementar la tasa de actividad y reducir la tasa de paro hasta los países europeos homólogos, aumentar la productividad y una inflación en el entorno del 2%, Hernández de Cos considera que las reformas garantizan la sostenibilidad de las pensiones a medio plazo.

No obstante, esa garantía se contempla en un escenario de incrementos de las pensiones del 0,25 por ciento o muy próximos a ese nivel en los próximos ejercicios, ya que si la revalorización fuese mayor, se precisaría de medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema por el lado de los gastos o de los ingresos, según el Banco de España.