Las cotizaciones sociales solo pagan las pensiones hasta septiembre en Lleida

El déficit entre los ingresos por cotizaciones sociales y el coste de las pensiones supera los 300 millones de euros anuales en la provincia de Lleida. Dicho de una forma más gráfica: los ingresos solo cubren los gastos de la “nómina” de los mayores hasta septiembre, un dato que da idea de la importancia de reformas que apuntalen el sistema público.

Las cotizaciones de empresas y trabajadores reportaron el año pasado en la provincia a la Seguridad Social algo más de 730 millones de euros, pero el gasto en pensiones se elevó por encima de los 1.159 millones. Es decir, que el sistema público tiene un “agujero” en Lleida cifrado en casi 306 millones de euros. Para dar una idea de lo que representa, esta cifra supera los presupuestos de la Paeria de Lleida y la Diputación juntas para este año. Teniendo en cuenta que los pensionistas reciben doce pagas más dos extraordinarias, estas prestaciones necesitaron el año pasado 74 millones. Si solo se utilizaran los ingresos por cotizaciones, apenas se podrían costear las “nóminas” de los mayores hasta el mes de septiembre.

La Seguridad Social tiene algunos ingresos adicionales a los que abonan directamente por la nómina empresas y trabajadores, como algunas tasas, pero apenas representan cinco millones adicionales. Hablamos así de una recaudación total de algo más de 735 millones. Pero, al mismo tiempo, también hay otras prestaciones que tienen que salir de la caja, como el caso de las de maternidad y paternidad o costes derivados de la incapacidad laboral. Así, el total de los gastos se disparan hasta los 1.159 millones. De esta manera, los “números rojos” entre ingresos y gastos en Ponent ascenden a los 423 millones.

Pese a que la preocupación por las pensiones está en su nivel más alto en 30 años, el Pacto de Toledo no avanza

Estas cifras ponen negro sobre blanco sobre la importancia de poner hilo a la aguja para tomar medidas y apuntalar uno de los pilares claves del Estado del Bienestar. En este momento, hay en la provincia 98.341 pensiones en vigor, con un importe medio de 818,86 euros cada una, pero el futuro del sistema es una preocupación no solo de ellos, sino de toda la sociedad. Por poner un ejemplo, una encuesta del CIS ha desvelado esta semana que la preocupación ciudadana por el futuro de las pensiones ha repuntado en el último mes hasta alcanzar su nivel más alto de los últimos 30 años.

Todo ello en un contexto de movilizaciones de los mayores reclamando que sus pensiones vuelvan a revalorizarse en función del coste de la vida. La congelación un año por parte del Gobierno de Zapatero y la mínima subida de un 0,25% en los últimos de Rajoy se traduce en una pérdida de poder adquisitivo cifrada en unos 3.300 euros desde 2010. Para este año, en plenas dificultades para aprobar los Presupuestos del Estado, el Ejecutivo central ha anunciado una subida de entre el 1 y el 3% para las pensiones más bajas.

Pero el problema de fondo sigue ahí y necesita de un acuerdo para apuntalar el sistema. Sobre la mesa se han puesto diferentes propuestas y el PSOE apuesta por un impuesto que pagaría la banca y que reportaría unos mil millones de euros. Una cifra muy baja si tenemos en cuenta que este año se prevé un préstamo del Estado a la Seguridad Social de 15.000 millones. Entretanto, en el Pacto de Toledo no hay avances que dé tranquilidad, en especial para los futuros pensionistas.