La pensión media de Lleida subirá 11 euros en julio tras la aprobación del presupuesto

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer los Presupuestos Generales del Estado, con lo que en la próxima nómina los pensionistas deberían cobrar ya la revalorización de sus prestaciones. El pasado mes de enero se aplicó un incremento mínimo de las pensiones del 0,25%, pero las Cuentas del Estado para este año fijan que debían incrementarse el 1,6%, por lo que ahora deberá incrementar el “sueldo” de los mayores en un 1,35%. Teniendo en cuenta que en Lleida la pensión media es de 822,88 euros al mes, la revalorización representa del orden de 11 euros. Para las pensiones de incapacidad permanente, con una media de 906,67 euros, el incremento promedio es de 12,24 euros, muy similar a los casos de jubilación, con una prestación promedio de 937,65 euros y una subida de 12,65 euros. Las viudas, por su parte, apenas verán mejorados sus ingresos en 7,70 euros de media, teniendo en cuenta que lo que cobran al mes se sitúa en los 570,90 euros.

Teniendo en cuenta esta subida media, los costes de las pensiones en las comarcas de Ponent subirán en torno a un millón de euros mensuales.

El Estado deberá compensar a los pensionistas por los atrasos, unos 78 euros de media

En España bajaron los salarios un 0,4% en un año mientras en la media de la OCDE subían un 0,6%

Los Presupuestos, formulados por el anterior Gobierno del PP y que han salido adelante y son asumidos por el PSOE tras la llegada al Ejecutivo de Pedro Sánchez, suponen además que las pensiones mínimas subirán un 3% este año.

Teniendo en cuenta que la subida fijada por los presupuestos, del citado 1,6% de forma general, la Seguridad Social deberá abonar una “minipaga” a los pensionistas para compensarles por el desfase, aunque de momento no hay una fecha para ello. Teniendo en cuenta el retraso de medio año, hablaríamos de casi 78 euros, incluida la paga extra de verano.

Otra de las novedades que establecen los Presupuestos es la subida de la base reguladora hasta el 56% de la pensión de viudedad de personas con 65 o más años que no perciban otra pensión pública, que se empezará a aplicarse el próximo 1 de agosto.

Estas subidas de las pensiones no evitará que las que se cobran en Lleida se sigan manteniendo en el furgón de cola del Estado. De hecho, solo hay otras trece provincias con las prestaciones más bajas: Almería (758,25 euros), córdoba (771,61), Granada (789,29), Jaén (768,82), Ávila (806,90). Zamora (778,86), Cuenca (794,61) Castellón (832,49), Badajoz (783,70), Cáceres (768,83), Lugo (704,34), Ourense (684,28) y Murcia (822,83).

En estas bajas prestaciones en la provincia de Lleida pesan especialmente la importancia de los sectores agrario y de autónomos. En el último de estos casos, desde el ministerio de Trabajo se pide que las cotizaciones se adecuen a los ingresos reales.

“Está claro que en España ha pasado lo que pasa en otros países de Europa, que sólo con cotizaciones no se puede pagar las pensiones”, manifestó la ministra sin aclarar cuáles serían estos tributos.

Actualmente, las empresas pagan en cotizaciones por cada trabajador, tenga contrato indefinido o temporal, el 23,6 por ciento de la base de cotización en concepto de contingencias comunes; el 0,20% por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), y el 0,6% en concepto de formación.

En el caso de las contingencias profesionales, el porcentaje a aportar varía en función de la actividad de la empresa y del puesto del trabajador.

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España destaca por ser uno de los países de la OCDE en los que los salarios reales bajan, en particular por la mala calidad de los nuevos empleos creados tras la crisis, lo que redunda en que sea el segundo por la cola, tras Grecia, con mayor porcentaje de pobres en edad de trabajar. Un 15,9% de los españoles en edad de trabajar tiene unos ingresos inferiores al 50% de la media del país, muy cerca del 16% de Grecia, señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su informe anual de perspectivas del empleo. La primera razón es el elevado nivel de paro, que continúa siendo el segundo más alto de los países miembros (un 15,9% en abril pasado, de nuevo sólo por detrás de Grecia) pese a la mejora de los últimos años (había llegado al 25,8% a finales de 2014). La explicación es que muchas personas se quedaron sin empleo tras el estallido de la crisis en 2007 y permanecieron en paro durante mucho tiempo, dependientes de los subsidios que al cabo del tiempo se agotaban para muchos. La presión les ha llevado a aceptar lo que había, que en muchos casos son empleos a tiempo parcial o peor remunerados. En este contexto, los salarios reales disminuyeron en España un 0,4% entre el último trimestre de 2016 y el último de 2017, mientras que en la OCDE como conjunto subió un 0,6 por ciento.

Por otra parte, las indemnizaciones por despido en España son “particularmente generosas”, según la OCDE, que recomienda aumentar el periodo de preaviso de despido y bajar el importe de las mismas.