LABORAL EMPLEO
Casi la mitad de los parados de Lleida no cobran ayudas
Representan más de 9.800 personas en la provincia || La prestación contributiva, con 794 euros mensuales, a la cola de Catalunya
Imagen de la sede del Tribunal Constitucional en Madrid.
Cuatro de cada seis desempleados de la provincia de Lleida, 9.820 personas, no cobran ningún tipo de ayuda pública, según se desprende de los últimos datos hechos públicos por el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), el antiguo Inem. En concreto, en las comarcas de Ponent y con la última información disponible referida al mes de mayo, son solo 10.301 desempleados sobre un total de 20.121 personas registradas en las oficinas del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOSC) los que cuentan con respaldo económico público. Es decir, que los apoyos llegan al 51,19% del total.
El grueso de los perceptores, 7.556, reciben prestaciones contributivas, las de mayor importe, mientras que 2.201 perciben las asistenciales, a las que se tiene derecho una vez agotadas las primeras y siempre que se cumpla una serie de requisitos económicos y familiares. El resto corresponde a otros programas, conocidos como Renta Activa de Inserción y Programa de Activación del Empleo.
Anula el requisito de ausencia de rentas familiares para acceder al subsidio de mayores de 55
La prestación contributiva media en la provincia de Lleida es de 793,7 euros mensuales, la más baja de toda Catalunya y también inferior al promedio estatal, que alcanza los 810,4 euros.
Los sindicatos alertan de que cada vez son más los desempleados que se encuentran en una situación límite y reclaman mejoras en los apoyos públicos y revertir los recortes aplicados al sistema durante la crisis.
Por otra parte, el Constitucional ha declarado inconstitucional y nula una disposición legal del año 2013 que establecía como requisito para acceder al subsidio de mayores de 55 años el carecer de rentas familiares. De este modo, se vuelve a la situación inicial, en la que solo se tenían en cuenta las rentas personales a la hora de conceder o no el acceso al subsidio. El fallo, a raíz de un recurso presentado por el PSOE, declara inconstitucionales y nulas varias disposiciones del Real Decreto-Ley de 15 de marzo de 2013 sobre medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.
