Facua denuncia que la luz ha subido un 12,4% en agosto

El recibo de la luz de un usario con la tarifa semirregulada PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) se situó en 80,73 euros en agosto, casi 9 euros por encima de los 71,82 euros de agosto de 2017. De este modo, el mes de agosto finalizó con el recibo de la luz más caro desde enero de 2017, un 12,4% más, y se convierte así en la cuarta factura más alta de la historia, según los datos publicados ayer por Facua.

Esta subida del 3% supone que el recibo del usuario medio será 2,34 euros más caro que el de julio de este mismo año. La factura para un usuario con un consumo de 366 kWh mensuales y 4,4 kW de potencia contratada, la media según Facua, se situó en julio en 78,39, tras subir un 2,2%. En cuestión de registros la factura de la luz más cara a nivel histórico fue la del primer trimestre de 2012, cuando se situó en 88,66 euros para el usuario medio tras la corrección de la tarifa fijada por el Gobierno por una sentencia del Tribunal Supremo. Tras ella, los 87,81 euros de enero de 2017 y en tercer lugar los 81,18 euros de julio de 2015.

Facua reclama al presidente Pedro Sánchez que el Gobierno regule las tarifas del sector eléctrico

Tal y como ya se explicó hace unos días (ver SEGRE del 31 de agosto), esta subida tiene como principal razón la ola de calor, que aumentó el consumo eléctrico de los ciudadanos españoles, sumada al encarecimiento de los carburantes fósiles, como el petróleo, y a la caída en la producción renovable, en concreto la éolica.

Por otro lado, Facua reclamó ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que intervenga las tarifas del sector eléctrico “para acabar con la especulación y las injustificadamente altas tarifas eléctricas que sufren los usuarios en España”. A finales de 2016, la organización ya promovió un manifiesto junto a más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil para reivindicar seis medidas en materia de política eléctrica. Una de ellas fue la aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia.