El TS aplaza hasta el 5 de noviembre el pleno sobre el fallo del impuesto de las hipotecas

El presidente de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, Luis María Díez Picazo, convocó ayer para el próximo 5 de noviembre el Pleno que ha de revisar la sentencia de la sección segunda de dicha Sala que dictaminó que las entidades bancarias, y no los clientes, son las que tienen que abonar el impuesto de actos jurídicos documentados derivado de los préstamos hipotecarios. Este es uno de los acuerdos al que llegaron ayer el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, el propio Díez Picazo y los seis magistrados que dictaron el fallo en la reunión que mantuvieron, según confirmaron fuentes jurídicas. Mientras tanto, Jueces y Juezas para la Democracia, de carácter progresista, pidió la dimisión del presidente de la Sala Contenciosa-Administrativa por el “desconcierto” generado al suspender la sentencia. En este sentido, el magistrado conocía desde enero, cuando firmó la admisión a trámite del recurso de casación del ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, que la sección segunda estudiaba quién debía hacer frente a este impuesto, y entonces no vio razones para que la cuestión se sometiera al Pleno. A la petición de esta asociación, se sumó también la de la Unión Progresista de Fiscales.

Así las cosas, la ministra de Economía, Nadia Calviño, reconoció ayer que la decisión del Supremo “ha abierto una cierta inseguridad jurídica” en un tema con implicaciones sobre los ciudadanos, la banca y las arcas públicas. “Hasta ahora nos regíamos por un marco jurídico, además interpretado de forma coherente por los tribunales, que iba en una dirección y la semana pasada el Tribunal Supremo cambió esa dirección”, subrayó. Igualmente, la líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, exigió un criterio jurídico claro sobre este gravamen. Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, tachó de “vergonzosa” la revisión a la que el alto tribunal va a someter la sentencia. En la misma línea, los dirigentes de UGT y CCOO, Josep Maria Àlvarez y Unai Sordo, calificaron de “chapuza nacional” lo sucedido. Por el contrario, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, vaticinó que, decida lo que decida el Supremo, “cualquier gravamen que se establezca actualmente probablemente lo acaben pagando los que se hipotequen en un futuro”.

Con todo, los principales bancos han retirado de sus portales web la información sobre hipotecas a la espera de la decisión final del Supremo.

Recuperarían el gravamen más de 235.000 catalanes, según los técnicos El sindicato de técnicos del ministerio de Hacienda, Gestha, indicó ayer que 235.223 catalanes podrían reclamar la devolución del impuesto de las hipotecas. Esta cifra resulta del total de los ciudadanos que suscribieron sus préstamos hipotecarios desde octubre de 2014 hasta julio de 2018 en Catalunya, que son los que podrían reclamar ante las agencias tributarias de las comunidades autónomas al no haber prescrito los ejercicios fiscales aún. Así las cosas, la cantidad a retornar a los clientes catalanes de los bancos por el impuesto de actos jurídicos documentados alcanzaría los 832 millones, un 22,91% de los 3.631 millones que se devolvería en el conjunto del Estado por las hipotecas firmadas en dicho periodo. En Lleida, en los últimos 4 años, se han suscrito 12.900 hipotecas por un importe medio de 93.150,93 euros. De esta modo, las arcas públicas han ingresado 18,02 millones mediante este impuesto.