El Supremo da marcha atrás y dice ahora que el cliente debe pagar las tasas hipotecarias

El Pleno de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, totalmente fracturado (15 votos frente a 13), falló finalmente ayer que sean los clientes quienes asuman el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados, que grava las hipotecas. Supone un mazazo para millones de consumidores y solo en Lleida se calcula que unos 12.700 clientes de banca han pagado 25 millones de euros por este impuesto en los últimos cuatro años. Horas antes de conocerse la decisión, la ministra de Hacienda estimaba en 5.000 millones el impacto para las haciendas de las comunidades autónomas si el Supremo decidía a favor de los consumidores y marcaba en cuatro años los efectos retroactivos de la medida. El alto tribunal, que ha deliberado durante 16 horas, corrige con su decisión de ayer a la Sección que había sentenciado en contra de la banca y vuelve a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades financieras. La sentencia, junto con los votos particulares, se conocerá en los próximos días. Así, se han desestimado los tres recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra resoluciones anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fallaron a favor de las entidades bancarias. Las tres sentencias que se conocieron a mediados de este mes también por recursos del Ayuntamiento de Rivas y que supusieron un giro en la doctrina son firmes, por lo que se dará la curiosa circunstancia que en una misma localidad los vecinos que se hipotecaron en unas promociones inmobiliarias pagaran el impuesto y otros podrán reclamar su devolución. La celebración de este Pleno fue polémica desde su origen, puesto que las tres sentencias dictadas por seis magistrados de la Sección Segunda de esta Sala de lo Contencioso, que es la especialista en tributos, eran firmes. Por ello alguno magistrados del propio Supremo y también desde diversos ámbitos judiciales se cuestionó la decisión del presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, de avocar a un cónclave de 28 magistrados otros tres recursos idénticos.

Los consumidores tildan de bochornosa la decisión

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pidió ayer la inmediata dimisión del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis Díaz Picazo, por su “gestión pésima” del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que ha concluido con una sentencia favorable a los bancos que califica de “bochornosa”. Así lo dijo Enrique García, portavoz de la Organización. Asimismo, la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Lucía Delgado, tildó de “indignante” la rectificación del Supremo, al que acusó de plegarse a los intereses y la “presión del lobby financiero e inmobiliario”. Considera que este cambio de criterio en el TS es un “reflejo de que la justicia española está contaminada por los grupos de presión inmobiliarios y financieros”. Desde la banca no hubo reacciones públicas anoche a la decisión judicial, pero en los últimos días las instituciones financieras habían defendido que se habían limitado a cumplir con la normativa al descargar sobre los clientes el impuesto de las hipotecas. Entretanto, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JpD) solicitó la dimisión del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y del de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, Luis María Díez-Picazo. “Discrepamos del modo que TS ha gestionado el asunto de las hipotecas y por el daño a los ciudadanos y a la justicia”, afirmó con rotundidad.