El 23% de las pensiones de Lleida, con ayudas para llegar al mínimo

Más de una de cada cinco pensiones de Lleida necesitan contar con un complemento para poder llegar al importe mínimo, según datos de la Seguridad Social. En concreto, se trata de un total de 22.912 prestaciones. La mayoría de los perceptores que necesitan estas ayudas suplementarias son mujeres, con un 29,7%, algo que se explica porque buena parte de ellas cobran pensiones de viudedad. En el caso de los hombres, la tasa de complementos de mínimos se sitúa en el 15,8% de las prestaciones. El promedio en el caso de Catalunya es que el 16,3% de las nóminas de los mayores necesitan de estas ayudas adicionales, mientras que en el Estado son el 24,6%.

Los 98.850 pensionistas leridanos cobran de media 841,23 euros al mes, una cifra claramente por debajo del conjunto de Catalunya (930,84 euros). Los leridanos perciben un 12,2% menos que el promedio estatal.

Estos datos coinciden con la publicación de una encuesta elaborada por el BBVA y que apunta que ni siquiera cuatro de cada diez pensionistas catalanes consideran que su pensión es adecuada. En concreto, un 35% de los pensionistas catalanes cree que lo que cobra se puede considerar adecuado, frente a un 66% que afirma que es regular, malo o muy malo. La mayoría cree que recibirá menos de lo que ha cotizado, lo que contrasta con las estimaciones según las cuales un pensionista medio recupera aproximadamente 12 años después de jubilarse el valor de las cotizaciones realizadas por él y su empleador. Además, el 66% de los catalanes mayores de 59 años considera que las pensiones de las futuras generaciones, quienes actualmente tienen entre 40 y 50 años, no están garantizadas. Asimismo, un 31% de los que piensan que sí cree que serán más o menos como las actuales y la mitad, un 50%, que serán más bajas, mientras que poco más de un 10% opina que serán más altas. Un 93% de los encuestados catalanes dice que “nunca es aceptable” que las pensiones no se revaloricen en función del poder adquisitivo. La encuesta desvela que seis de cada diez se vendería o alquilaría su vivienda para garantizar la jubilación.