“El decreto hipotecario es un lavado de cara del Gobierno y el Supremo”

“El decreto ley por el que los bancos tienen que pagar ahora el impuesto de las hipotecas es un lavado de cara para el Gobierno central y el Tribunal Supremo”. Así lo afirmaron ayer las PAH (Plataformas de Afectados por la Hipoteca) de la provincia de Lleida a través de uno de sus portavoces tras la protesta que protagonizaron tanto a las puertas de los juzgados de la capital del Segrià como en el Eix Comercial. Las cinco PAH leridanas se quejan de que la sentencia del Supremo abría la puerta a que las familias hipotecadas recuperaran el importe que han pagado del impuesto de actos jurídicos documentados. Tras la decisión sin precedentes del alto tribunal de corregirse a sí mismo, las PAH leridanas se quejan de que las medidas del Gabinete de Pedro Sánchez llegan, en su opinión, tarde y son insuficientes. Advierten que los bancos incrementarán comisiones o los tipos de interés de las nuevas hipotecas y que, al final, siempre acabará pagando el ciudadano.

Una treintena de personas participaron ayer en la cacerolada convocada a las puertas de los juzgados de Lleida y, posteriormente trasladaron su protesta en forma de manifestación al Eix Comercial. Este era uno de los 80 actos convocados en todo el Estado en protesta contra la decisión del Tribunal Supremo que establece que los hipotecados deben el impuesto de actos jurídicos documentados, corregida posteriormente por decreto ley por el Gobierno central. Las protestas, que en algún caso exigieron la dimisión del presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y del presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo, se desarrollaron el mismo día en que centenares de personas se reunieron ante la sede del Alto Tribunal en Madrid para reclamar una ley que obligue a los bancos a devolver el gasto en los impuestos ligados a la concesión de hipotecas.

Las PAH de Lleida protagonizan una cacerolada y una manifestación

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, consideró que el decreto aprobado por el Gobierno es “un paso pero no es suficiente” y pidió al Gobierno que una ley reconozca “que a los españoles les deben dinero”. Así lo dijo ante el Supremo, donde añadió que “esta movilización tiene que servir para que el Gobierno y el resto de fuerzas políticas recapaciten y entiendan que hay que hacer una ley que vaya en la línea de lo que dijo la sala competente del Tribunal Supremo, que a los españoles les deben dinero y tienen derecho a cobrar”.