EMPRESAS POLÉMICA
Prorrogan tres meses la tarifa reducida a los jubilados de Endesa
Se aplicará hasta el 30 de septiembre y en un principio se iba a eliminar el 1 de julio || Siguen las negociaciones para el convenio colectivo que expiró en diciembre
Los jubilados de Endesa mantendrán la tarifa bonificada de la luz hasta el próximo 30 de septiembre. Esta reducción, que en un principio se iba a suprimir el próximo 1 de julio, suponía un precio de 0,00091 euros para los primeros 12.500 kWh/año de consumo en viviendas de trabajadores y familiares a su cargo y ascendientes que convivan con ellos. Esta prórroga se ha acordado en el marco de las negociaciones para el nuevo convenio colectivo, porque el anterior expiró el pasado 31 de diciembre. Según fuentes de la eléctrica Endesa, esta es “la última prórroga hasta nueva orden” y se aplica a todos los trabajadores y también a los jubilados. En las comarcas de Lleida hay unos 1.500 exempleados de la compañía que se verían afectados por esta decisión, mientras que la plantilla de Endesa en la demarcación es de 200 trabajadores en activo y 800 en pasivo. Mientras, desde el sindicato UGT apuntaron que “los trabajadores en activo mantienen la tarifa bonificada hasta la edad de jubilación”.
Asimismo, las negociaciones para acordar el nuevo convenio colectivo continúan. Al caducar el anterior, los beneficios de los empleados dependen de cada situación contractual. Esto supone que los jubilados, que hasta ahora también eran beneficiarios, dejan de tener la tarifa de empleado porque ya no mantienen contratos con la empresa.
La supresión de la tarifa bonificada y otros beneficios provocó que los exempleados de la eléctrica se manifestaran a principios de este año para denunciar lo que consideraban una pérdida de derechos sociales. Se celebraron manifestaciones ante la sede de Endesa en Margraners (Lleida), La Pobla de Segur, El Pont y Vielha. Asimismo, la Audiencia Nacional dictó una sentencia que avala que los jubilados de Endesa pierdan sus beneficios sociales, como la tarifa. Según señalaba el fallo, en efecto, no existe instrumento legal para “contractualizar” las condiciones sociales del personal pasivo (jubilados), puesto que las personas que lo integran no disponen de contrato de trabajo y el convenio donde se amparaban sus derechos ha perdido su vigencia.