Rechazo del Gobierno a contratar como temporeros a sin papeles

Alcaldes de la zona frutícola de Lleida y las principales organizaciones agrarias entregaron ayer en la subdelegación del Gobierno el Manifiesto en defensa del sector e insistieron, como publicó SEGRE el pasado día 18, en la posibilidad de articular alguna fórmula que permitiera contar como temporeros con inmigrantes que se encuentran en el territorio pese a que estén en situación irregular. El manifiesto, que había sido consensuado en Alcarràs y con presencia de representantes también de poblaciones de Huesca, especificaba que su propuesta estaba dirigida a personas que no tengan órdenes de expulsión o detención. El subdelegado del Gobierno, José Crespín, por su parte, les transmitió la voluntad de buscar algún “encaje”, sin cambiar la ley, de colectivo concretos, como el de las personas que provienen de países donde se están produciendo conflictos bélicos o los menores extranjeros no acompañados, que se encuentran en el territorio. De hecho, este verano ya se ha contratado a los primeros de estos Mena. Sin embargo, rechazó la posibilidad de contratar a inmigrantes irregulares, al insistir en que la propuesta es “inviable” con el actual marco normativo de extranjería.

Tras la reunión, con la participación de una treintena de alcaldes del Segrià y la Noguera, el primer edil de Alcarràs, Manel Ezquerra, destacó que pese al número de parados inscritos en las oficinas de empleo en la provincia, es muy difícil encontrar gente que quisiera trabajar recogiendo fruta durante la campaña. Por ello, y teniendo en cuenta que los consistorios deben “resolver las problemáticas sociales” que puedan tener los temporeros que llegan a sus municipios, defendió articular una salida. Como portavoz de los consistorios, explicó que la demanda de los ayuntamientos pasa por hacer posible que estos temporeros puedan enlazar contratos de tres meses.

Los alcaldes plantean un permiso para sin papeles y la subdelegación descarta que pueda ser legal

Crespín defendió que para hacer frente a la crisis que sufre el sector de fruta es necesario que las diversas administraciones implicadas actúen de forma “corresponsable” y se ha comprometido a trasladar al ministerio de Agricultura demandas como la reducción de los módulos agrarios o de las cuotas de la Seguridad Social. Mientras, Esquerra alertó de las consecuencias de la crisis del sector frutícola en actividades ligadas al campo. Ahora, harán llegar el Manifiesto a la Generalitat y a la Comisión Europea.