La pensión pide un seguro

El nuevo Gobierno central, independientemente de su composición o sus apoyos en el Parlamento, tiene grandes retos que afrontar, con el futuro de las pensiones públicas, la reforma laboral y la fiscalidad en el podio de las preocupaciones económicas. Todo ello en un momento de cierto freno del crecimiento y con una pirámide poblacional endiablada.

Es tiempo de cartas a los Reyes Magos de Oriente y en materia económica hay algunas demandas que se repiten. La primera, en la que coinciden todos los agentes económicos, es garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Además, los sindicatos insisten en la derogación o al menos cambios en los aspectos que denuncian como más lesivos de las últimas reformas laborales. Los empresarios, por su parte, abogan por reducir deuda pública y costes laborales. Pero en estos momentos hay más incertidumbres que otra cosa, empezando por la futura investidura de un presidente del Gobierno.

En el capítulo de las pensiones, el gasto se ha multiplicado, en los últimos años. Como muestra el gráfico adjunto se ha pasado de destinar poco más de 875 millones de euros a 1.791 en Catalunya desde comienzos de 2005. Estamos hablando de que se ha más que duplicado el dinero necesario para cubrir el salario de los mayores, cuando los ingresos están lejos de correr la misma cuenta.

La pensión media en Lleida se sitúa en 875 euros, con 994 en el caso de las de jubilación

Atendiendo a los últimos datos de la Agencia Tributaria, referidos al año 2018, un pensionista cobra el 75% de un salario medio de la provincia de Lleida. Hacienda tiene fiscalizadas pensiones medias de 13.943 euros, frente a sueldos que se sitúan de promedio de 18.570 euros. Pero a la hora de analizar el número de contribuyentes es cuando saltan las alarmas. El año pasado 99.144 personas tuvieron algún ingreso en concepto de pensión, mientras que fueron 198.746 los que lo hicieron en forma de salario. Es decir, que hay un pensionista por cada dos trabajadores, una ratio que hace imposible mantener la salud económica del sistema público de prestaciones a los mayores. Y las previsiones no auguran un futuro halagüeño, si hacemos caso a la pirámide poblacional. El año pasado murieron en la provincia de Lleida 4.349 personas y sólo se registraron 3.474 nacimientos. Es decir, la población envejece y las perspectivas de futuro apuntan a que la situación se irá agravando en el futuro. Los expertos advierten que el Viejo Continente necesitará irremediablemente de la inmigración. Pero las pensiones necesitan de otras medidas adicionales.

Entre las que se han apuntado es sacar de las delicadas arcas de la Seguridad Social el pago de algunos tipos de prestaciones, mirando fundamentalmente a las de viudedad. En Lleida representan un total de 24.684 con un importe medio de 617 euros. Es decir, supondría sacar del cómputo algo más de quince millones al mes, sobre un montante total de más de 87 millones en la provincia, con datos oficiales del mes de noviembre.

Pero en este punto, hay que ponerse de acuerdo en cómo financiar los ingresos de viudas y viudos, aunque es un colectivo en el que predominan fundamentalmente las mujeres. Los expertos hablan de que deben ser costeadas con cargo a los Presupuestos Generales. Es decir, que salgan de los impuestos, pero habría que aclarar de dónde, si estamos hablando de crear algún tributo nuevo, como pueden ser los de carácter medioambiental o a determinados servicios digitales al estilo de la llamada tasa Google, de subir los ya existentes, sea de forma general o a colectivos concretos, o de intensificar la lucha contra el fraude fiscal. Sea como sea, tocar el sistema fiscal tiene también repercusiones a valorar, pero la de las pensiones es una reforma más que urgente.

El último informe al respecto se ha publicado hace solo unos días y apunta que los jubilados actuales reciben una media de 1,36 euros de pensión por cada euro cotizado, es decir, que cobran en promedio un 36% más de lo que aportaron al sistema, según el director del Instituto BBVA de Pensiones, Luis Vadillo.

Pero si estos son los números fríos del sistema, no hay que olvidar que son muchos los mayores que viven con unas prestaciones muy lejos de lo que se puede considerar digna. De ahí la demanda de la Marea Pensionista de equipararlas al Salario Mínimo Interprofesional, hoy en 900 euros. La pensión media hoy en las comarcas de Lleida es de 875 euros, una cifra que asciende a 994 en el caso de los jubilados.

lleida

Los efectos de la última gran crisis aún se dejan sentir en la economía de Lleida. Aunque se da por hecho que ha recuperado las grandes cifras de 2008 en términos de producción, en estos momentos hay casi 5.900 trabajadores menos cotizando a la Seguridad Social. Si en ele ejercicio de 2008 había un promedio de 194.219, en noviembre de este año eran 188.347. Además, se calcula que aún habrá que esperar entre dos y tres años para volver a los mejores registros en términos de empleo en las comarcas de Ponent.

Pero si por una parte tenemos menos personas aportando a las arcas de la Seguridad Social, los gastos se han disparado. En el período analizado hemos pasado de 91.568 a 99.735 personas cobrando una pensión pública, supone un incremento del 8,91%. Al mismo tiempo, la prestación media se ha incrementado un 41,25%, al pasar de 619,71 euros de media en 2008 a 875,35 de noviembre, último mes con registros públicos. Estos incrementos han llegado e la mano no solo de la mejora de prestaciones mínimas, sino del hecho de que las pensiones que se dan de baja, las más antiguas, son mucho menores a las que se incorporan al sistema. Así, el coste mensual de la nómina de los mayores en la provincia de Lleida se ha disparado casi un 54%. De la media mensual de 56,7 millones registrada en 2008, hemos pasado a los 87,3 millones del mes pasado.

Pero si los agentes políticos y económicos tienen que poner hilo en la aguja para coser el sistema público y garantizar su futuro, también está por saber cuál será la revalorización de la nómina el próximo año. El Gobierno en funciones estudia volver a suspender de cara a 2020 el índice de revalorización de las pensiones (IRP) que fija la subida en el 0,25%, a la espera de que pueda formar Ejecutivo y derogarlo definitivamente y ligar al IPC real el incremento de estas prestaciones.