SEGRE

LABORAL NORMATIVA

Las bajas médicas tienen un coste anual de 67 millones en Lleida

Según Pimec, que pide a los poderes públicos un plan de acción para luchar contra el absentismo laboral || El Govern impulsa el teletrabajo para los funcionarios

Yolanda Díaz, María Jesús Montero e Irene Montero ayer tras el Consejo de Ministros.

Yolanda Díaz, María Jesús Montero e Irene Montero ayer tras el Consejo de Ministros.EUROPA PRESS

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La patronal de pequeñas y medianas empresas Pimec pidió ayer a los poderes públicos un plan de acción “real” para luchar contra el absentismo laboral, después de que el Gobierno derogara la posibilidad de despidos por acumulación de bajas. Según esta, los costes derivados de las incapacidades temporales se elevaron en la provincia de Lleida hasta los 67,05 millones de euros durante el último año. La entidad también indicó que la aplicación de la normativa derogada no es indiscriminado ya que supone un gasto elevado para las empresas, debido a los costes directos (indemnización) y a los indirectos (selección, formación o perdida de productividad). Además, recordó que el Tribunal Constitucional avaló en una sentencia esta normativa detallando sus limitaciones.

El primer despido por acumulación de bajas médicas se efectuó en Lleida cuando la empresa de telemarketing Atento rescindió el contrato a una empleada por falta reiteradamente a su puesto a pesar de que justificó su ausencia mediante bajas.

El Gobierno deroga el despido por acumulación de bajas médicas El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto-ley para derogar el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores que permitía a los empresarios despedir a los trabajadores por acumular bajas médicas aunque estas estuvieran justificadas. Esta medida, cuyo cambió entra en vigor a partir de hoy, fue modificada en la reforma laboral de 2012 realizada por el gobierno del Partido Popular. Este artículo establecía que un contrato podía extinguirse si las faltas de asistencia. Por otro lado, el Govern aprobó ayer impulsar el teletrabajo en la administración pública permitiendo que, en una primera prueba, algunos funcionarios de Barcelona puedan trabajar hasta tres días en modalidades a distancia. El objetivo es lograr una mejor conciliación familiar.

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