El Gobierno aplaza seis meses el pago de cuotas para las pymes y autónomos

El Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros una nueva serie de medidas económicas para apoyar a los autónomos y pequeñas y medianas empresas, otorgándoles una moratoria de hasta seis meses sin intereses para afrontar sus pagos a la Seguridad Social. Pymes y emprendedores las ven insuficientes y creen que llegan tarde.

El Consejo de Ministros aprobó ayer que autónomos y empresas puedan aplazar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social durante seis meses sin intereses ante el parón económico por el coronavirus. Así lo señaló la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, tras el Consejo de Ministros, que remarcó que se aprobó un aplazamiento del pago de deudas hasta el 30 de junio.

Así, para abril los autónomos y empresas podrán solicitar el aplazamiento de las cuotas a un interés reducido del 0,5%, pero no pueden tener otro aplazamiento en vigor anterior. La solicitud se debe hacer antes de los 10 primeros días naturales del mes de abril. En cuanto a las cuotas de mayo, junio y julio pueden ser abonadas seis meses después sin recargos ni intereses a la Seguridad Social.

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Esta moratoria no será de aplicación para las empresas que hayan sido exoneradas de pagar cotizaciones sociales por sus trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a causa del coronavirus.

En cuanto a los autónomos que se han acogido al cese de actividad desde marzo, bien porque han cerrado su negocio o porque han tenido una bajada de ingresos del 75%, no deben pagar recargos por el retraso en el pago de las cuotas generadas hasta el día de dicho reconocimiento. Para cubrir el resto de los días de marzo, estos trabajadores pueden pedir la prestación extraordinaria por cese de actividad aprobada hace dos semanas, que incluye, además del pago de una prestación mínima de 661 euros al mes, la exención en el pago de las cotizaciones sociales.

Entre las medidas a las que también se pueden acoger los trabajadores autonómos que hayan cesado actividad o hayan visto reducidos sus ingresos, está el rescate de sus planes de pensiones sin tener que pagar a Hacienda, la moratoria a tres meses del pago de la hipotecas, las “quitas” en los alquileres y la flexibilización en los pagos de los suministros básicos de agua y luz. Se permitirá a los trabajadores por cuenta propia y empresas que suspendan temporalmente sus contratos de suministros o modificar sus modalidades de contratos sin penalización. También se les posibilita el cambio de peaje de acceso y el ajuste de la potencia contratada al alza o a la baja sin coste alguno. Una vez concluya el estado de alarma, se les permitirá una nueva modificación sin coste ni penalización.

Además, el Gobierno aprobó el establecimiento de un subsidio excepcional durante un mes, ampliable si así se decide, para los temporales a los que les venza el contrato durante el estado de alarma y no tengan derecho a cobrar el paro por no haber reunido la cotización mínima. Su cuantía ascenderá al 80% del Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem), unos 430 euros mensuales. El único requisito que se exigirá para percibirlo es que la duración mínima del contrato que se extingue sea de al menos 2 meses, excluyéndose así las relaciones contractuales esporádicas.

madrid

El Gobierno de coalición dio ayer luz verde también a un paquete de ayudas para los afectados por la crisis del coronavirus que no puedan pagar el alquiler de su vivienda, entre ellas quitas del 50% si los arrendadores son grandes propietarios, microcréditos públicos a devolver hasta en diez años, la suspensión de los desahucios y la prórroga de contratos durante seis meses. Las medidas garantizan que los caseros cobren su renta, siempre que tengan menos de diez viviendas en el mercado. Estas medidas costarán unos 700 millones de euros y podrían acogerse a estas ayudas unas 500.00 familias, en especial a quienes queden en paro, a los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y reducciones de jornada y a los autónomos que han visto reducidos sus ingresos. Los inquilinos de los grandes tenedores de viviendas podrán obtener una moratoria de cuatro meses para el pago de la renta a pagar en tres años o una quita del 50% de la mensualidad. La norma incorpora un programa específico para víctimas de violencia de género, personas sin hogar y otras especialmente vulnerables, con ayudas de hasta 600 euros al mes, ampliables hasta 900 euros, más otros 200 euros para gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos.