PARLAMENT VIVIENDA
Luz verde a la ley para fijar un precio máximo para el alquiler
Archivo de una manifestación contra la subida de los alquileres.
El pleno del Parlament celebrado ayer aprobó tramitar por lectura única la proposición de ley presentada por JxCat, ERC, comuns y la CUP de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda, que busca regular el precio de los alquileres.
La propuesta concreta que se podrá aplicar la regulación del alquiler en aquellas viviendas que estén dentro de un área declarada como mercado de vivienda tenso, a la que se podrán acoger los municipios o partes de municipios en el que “el precio del alquiler experimente un crecimiento claramente superior al de la media del territorio de Catalunya”. También lo podrán hacer cuando la carga media del coste del alquiler en el presupuesto personal o familiar supere el 30% de los ingresos habituales de las casas o de la renta media de las personas menores de 35 años, y cuando el precio del alquiler haya experimentado, en los cinco años anteriores a la declaración de área con mercado de vivienda tenso, un crecimiento interanual acumulado al menos tres puntos porcentuales superior a la tasa interanual del IPC de Catalunya. La iniciativa para tramitar esta ley por el mecanismo de máxima urgencia fue avalado por 77 votos favorables de JxCat, que quiere introducir enmiendas al texto para aprobarlo definitivamente, ERC, los comuns y la CUP, y 56 en contra de Cs, PSC-Units y PP, que defendieron que la medida era inconstitucional y el Govern no tiene competencias sobre ella y que la recurrirán al Tribunal Constitucional. Hasta la tarde de hoy miércoles, los diferentes grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas a la ley, antes de que esta se vote de manera decisiva, previsiblemente, en un pleno este viernes, no obstante estos plazos se retrasarían si algún grupo decide llevarla al Consell de Garanties Estatutàries (CGE).
Antes de la votación la consellera de Justicia, Esther Capella, pidió intervenir para reivindicar que el Govern tiene competencias para legislar sobre la materia y defendió que si no se pone un límite “la vivienda nunca será un derecho”.
